Un juez federal negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que interpuso el excolaborador de Rosario Robles, Ramón Sosamontes Herreramoro, para evitar ser detenido por el caso de la llamada “Estafa maestra”.El magistrado del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal determinó negarle la protección de la justicia, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene impedimento para cumplimentar una eventual orden de aprehensión en su contra.En noviembre del año pasado, dicho juez concedió a Sosamontes Herreramoro la suspensión provisional contra el mandamiento judicial, siempre y cuando se tratara de delitos que no ameriten prisión preventiva.“Se niega la suspensión definitiva respecto de los actos y autoridades responsables, precisados en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos allí expuestos”, reza la resolución.Al exdirector de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se le vincula con el desvío de recursos en la denominada “Estafa maestra”, delito por el que la extitular de la Sedatu, Rosario Robles, se encuentra en encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla.En la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada también por Rosario Robles, Ramón Sosamontes fungió como el jefe de la Oficina de la dependencia.Entre las pruebas que la FGR presentó el año pasado en la audiencia de Rosario Robles, se encuentran dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de contratos y convenios que exfuncionarios de la Sedesol y la Sedatu firmaron con universidades estatales y politécnicas, entre ellos Emilio Zebadúa, exoficial mayor de ambas dependencias, y Ramón Sosamontes, exdirector de Comunicación Social, quienes habrían firmado al menos siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones 616 mil 503 pesos.NegociaciónLa Fiscalía General de la República notificó a un juez sobre la intención de una negociación formal con la extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga, para buscar una salida alterna al proceso penal en su contra por su presunta implicación en la “Estafa maestra”.De acuerdo con la carpeta de investigación, la exfuncionaria es probable responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público, luego de haber permitido la firma de convenios en las dependencias federales que encabezaba.
