Domingo, 26 de Junio 2022

Audiencia del caso mexicano contra armas de EU será el 12 abril

Los fabricantes de armas reclaman el sobreseimiento de la causa alegando que México carece de “jurisdicción personal” para sentarlas en el banquillo

Por: AFP .

El juez escuchará a las partes en este caso inusual en que un Estado demanda a empresas de otro país. AP/Archivo

El juez escuchará a las partes en este caso inusual en que un Estado demanda a empresas de otro país. AP/Archivo

La Corte Federal de Distrito de Boston, Massachussetts, que instruye una demanda de México contra fabricantes de armas de Estados Unidos, fijo una audiencia el 12 de abril, señala un documento del tribunal.

La audiencia, que será presidida por el juez F. Dennis Saylor IV, se realizará por videoconferencia a partir de las 10:00 locales, agrega el texto.

El juez escuchará a las partes en este caso inusual en que un Estado demanda a empresas de otro país.

Las firmas demandadas tenían de plazo hasta el 14 de marzo para responder a la réplica de la cancillería mexicana presentada el 31 de enero al tribunal.

Los fabricantes de armas reclaman el sobreseimiento de la causa alegando que México carece de “jurisdicción personal” para sentarlas en el banquillo, alegando que están protegidas en Estados Unidos protegidas por una ley de inmunidad.

México afirma que la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) “no ofrece inmunidad alguna a las empresas de armas por daños provocados por hechos delictivos cometidos con sus armas en México”.

Pero los fabricantes sostienen que la denuncia “no tiene sentido” ni “menciona ni a un solo acusado que haya cometido ningún acto dañino en México”, asegura la contrarréplica fechada el 14 de marzo.

Asimismo, dicen que el Gobierno mexicano trata de responsabilizarlos “por algo que ocurrió exclusivamente en Estados Unidos, en la teoría de que algunos de sus productos fueron introducidos de contrabando en México por criminales y utilizados en otros actos criminales” en ese país.

Para los acusados, este caso incumbe directamente a la legislación interna que protege a los fabricantes de armas estadounidenses y no es “extraterritorial”, independientemente de la fuente de las demandas de los denunciantes.

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