Pese a las denuncias contra la red de corrupción de agentes viales y operadores de grúas, esta práctica se extendió en la ciudad y persiste la extorsión contra dueños de automóviles mal estacionados. Antes operaban en Providencia y ahora las víctimas afirman que la red se expandió a los alrededores del Parque Metropolitano, del Centro Médico de Occidente, de la Gran Plaza, de Plaza Galerías, del Mercado Felipe Ángeles y del de Abastos, en la Colonia La Estancia, en Avenida Magisterio y en las cercanías del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”. Paulina, una de las afectadas, narra que la estrategia de éstos es “cazar” a los vehículos de alta gama, pues obtienen mayor “ganancia”. “Están ‘cazando’ a los que se estacionan por unos minutos en línea amarilla en zonas comerciales. Y se enfocan en los de lujo. Cuando observan esto, suben la camioneta o el auto a la grúa… y luego esperan al propietario. Cuando éste llega, la ‘mordida’ para no llevarse el vehículo al corralón va de los tres mil 500 a los cinco mil pesos”.Ella denunció haber sido víctima de uno de ellos en la calle San Ignacio, pero no aceptó la petición. Luego de trámites burocráticos, ya recuperó su coche. Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas, y José Tomás Orozco, titular de la Asociación Jalisciense de Grúas, reclaman al Gobierno de Jalisco que las grúas piratas fueron regularizadas, pese a que no cumplen los requisitos para prestar el servicio, lo cual permite que haya cobros excesivos. Y la historia contada por Paulina es el ejemplo de las anomalías.Diego Bolio, quien es delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, acusa complicidad de la Policía Vial para las extorsiones, por lo que pide supervisar a los elementos. Exige regular la operación de grúas.Se solicitó entrevista con la Policía Vial, pero evade sistemáticamente el tema.La Fiscalía Anticorrupción en Jalisco mantiene 177 investigaciones abiertas contra el mismo número de policías viales por posibles actos de corrupción, considerando delitos como abuso de autoridad y cohecho. En un sondeo realizado en la página de internet de este medio, los agentes viales fueron señalados como los más “corruptos” por el 42% de los participantes. En segundo lugar estuvieron los jueces y en tercero los policías. Estos resultados coinciden con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, elaborada por el Inegi, que detalla que para la mayoría de los consultados los agentes viales son los que cometen más irregularidades.“En la entrada de Tonalá, cerca de la clínica del IMSS, siempre hay un tránsito deteniendo coches. Si no traes algo en regla, te pide ‘mordida’ y te amenaza con quitarte el carro”, compartió Lily Franco Nieto, quien dijo que ya ha sido víctima de los excesos de los policías viales.Hasta el cierre de esta edición, cerca de mil 600 usuarios formaron parte de la consulta. Pese al incremento del caos vial en calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el número de policías viales se redujo durante los últimos años, al igual que el presupuesto destinado para la corporación.EL INFORMADOR publicó que la plantilla total de elementos de la corporación pasó de mil 958 agentes a mil 884 en 2023; el personal incluye a oficiales de línea, policías primeros y segundos, según información obtenida de la nómina oficial de la Comisaría Vial, adscrita a la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jalisco. Es decir, en promedio, hay un agente vial destinado a la supervisión de dos mil 319 vehículos en el Estado, aunque no se incluye al personal de la Comisaría que se encarga de labores administrativas o de oficina, al igual que los oficiales que pertenecen al programa Salvando Vidas, los asignados a supervisar al transporte público, entre otros programas. A la par, también disminuyó la cantidad de recursos destinados a la supervisión vial, en busca de una metrópoli más ágil, de acuerdo con el Presupuesto del Gobierno de Jalisco.Hace dos años, presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá exigieron al Gobierno de Jalisco incrementar el número de agentes viales, pero la Secretaría de Seguridad de Jalisco ignoró las peticiones.Los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan son los dos municipios del Estado, y de la Zona Metropolitana, que tienen el mayor número de vehículos, concentrando entre los dos al 43.3% del total de los 4.3 millones de automotores registrados en la Entidad, según el corte más reciente del Inegi. Los dos concentran además la mayoría de las vialidades con mayor caos vial, encontrándose entre ellas algunas como López Mateos, Lázaro Cárdenas, Patria, Vallarta, Aviación, y buena parte del Periférico. Ante ello y considerando que ha disminuido el número de policías viales para la vigilancia del tráfico de la ciudad, estos dos municipios han impulsado estrategias propias para dar solución a la problemática; por ejemplo, la Policía de Zapopan ha implementado acciones de supervisión vial. Iniciaron en 2022 con el objetivo de agilizar el tránsito en los cruceros con más caos, a través de operativos en carretera a Colotlán y Valle de los Molinos, Aviación y Tesistán, Acueducto y Patria, y en la zona del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), por mencionar algunos de los cruces. Los policías viales son los servidores públicos que los jaliscienses perciben como las figuras más corruptas en el Estado, de acuerdo con estadísticas de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Jalisco tenía, hasta el pasado 11 de diciembre, un total de 177 investigaciones abiertas contra el mismo número de policías viales por posibles actos de corrupción, considerando delitos como abuso de autoridad y cohecho. Hasta aquella fecha, de ese total, sólo 14 habían logrado ser vinculados a proceso “por contar con las pruebas suficientes que apuntaban al acto de corrupción consumado”. La Fiscalía Anticorrupción informó que, de las 14 vinculaciones, ha logrado “recuperar” un total de 92 mil pesos que corresponden a acciones de reparación del daño a las víctimas, recursos que han sido pagados tanto a los afectados como destinados a asociaciones civiles. Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción instó a la ciudadanía a que, en caso de ser víctimas de algún delito de corrupción por parte de policías viales, como por ejemplo, la solicitud de dinero también conocida como “mordida”, denuncien de inmediato a este organismo, brindando información del día, la hora y la zona donde ocurrió el hecho, así como generales de la patrulla o vehículo del oficial que lo cometió presuntamente, con el objetivo de que se lleve a cabo la investigación correspondiente, se dé con el policía implicado, se le castigue y se logre la reparación del daño.En 2023, de un total de 810 carpetas de investigación abiertas y que fueron documentadas, 92 fueron judicializadas, lo cual permite que el Ministerio Público dé proceso a la audiencia inicial al identificar a los implicados en el caso.Entre los señalamientos contra policías viales, hay involucrados en el programa Salvando Vidas, ya que este medio publicó el 6 de noviembre de 2023 que elementos adscritos al programa solicitaron “mordidas” a conductores para dejarlos ir y evitar multas y arrestos. Transportistas y dueños de empresas de grúas acusaron al Gobierno del Estado por permitir la regularización de grúas “piratas” las cuales implementan operativos fantasmas, coludidos con policías viales para extorsionar y cobrar a conductores mal estacionados. José Tomás Orozco, presidente de la Asociación Jalisciense de Grúas (AgruJal), señaló que las grúas piratas realizan cobros excesivos que superan los cinco mil pesos cuando, usualmente, no superan los mil pesos. “Las grúas piratas que no tienen ningún control, ningún registro y que están fuera de la ley, no aplican la tarifa oficial y cobran lo que quieren, hablamos de siete, 10 ó 15 mil pesos aquí, en la ciudad, cuando la tarifa no debe rebasar los mil pesos. En contubernio con grúas piratas hacen su negocio y afectan al ciudadano”, explicó Orozco.Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas AC, dijo que el contubernio de los operadores de grúas piratas se da con policías viales y municipales y criticó que ninguna autoridad investigue los hechos. “Esta gente anda viendo en dónde se pone a delinquir con autoridades no solamente de la Policía Vial, también de las policías municipales del Estado y les ponen las grúas a automovilistas y transportistas y casi, casi es un secuestro de los vehículos. Ninguna autoridad se hace cargo de investigar los cargos excesivos que se están dando por parte de estas gentes que ya no son irregulares, que son piratas, pero regularizadas”, señaló.Añadió que: “Hablar de que las grúas adquiridas recientemente por el Estado son destinadas a tareas que no son para lo que fueron adquiridas, esto es para servicios que por su naturaleza no van a ser reclamados, autos robados o participantes en delitos o narcotráfico, en cambio las traen compitiendo con las empresas establecidas, provocando una competencia desleal y ruinosa”.El delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Diego Bolio, abundó en el tema y reclamó que no hay supervisión hacia los policías viales, lo que permite que haya complicidades con grúas piratas. “En algunos casos, es en complicidad con los agentes viales. Estamos hablando de los policías de calle, de los tránsitos, de los elementos que hacen la operación de sancionar a este tipo de vehículo que están mal estacionados, que cometen alguna infracción o que circulan con faltas al reglamento”, argumentó el delegado. Telón de fondoLos policías viales han hecho “su agosto” en inicio de año, cobrando multas por cualquier anomalía directamente a sus cuentas mediante transferencia STP, tal como lo hacen los detenidos en el “torito” y como lo reportó este medio de comunicación el 6 de noviembre de 2023. De acuerdo con diversos testimonios, los agentes viales salen a la calle para “cazar” a los automovilistas que infringen la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito, y aunque en teoría esto debería ser bueno por tratarse de su labor diaria, el objetivo es amedrentar a los conductores con sustentos como “que la multa les saldrá muy cara”, o que “si se los lleva la grúa deberán pagar más que los ‘apoyos’ solicitados”. Un ejemplo ocurrió el mes pasado en el cruce de Patria y Moctezuma, en Zapopan, donde un agente vial acudió a la atención de un choque. Como los involucrados ya se habían movido de lugar en espera de sus seguros (situación que ya es legal en la legislación estatal para evitar congestionar el tráfico) le pidió a uno de los conductores, quien prefirió conservar el anonimato, ocho mil pesos, o de lo contrario hablaría a la grúa para que se llevaran ambos coches. La situación empeoró cuando se dio cuenta de que el ciudadano tenía la licencia vencida, ahí aumentó la petición del “apoyo” a 20 mil pesos. Aunque prefirió omitir cuánto depositó al oficial, el perjudicado dijo que la transferencia fue hecha a una cuenta STP, que tras rastrearla, encontró con que el dinero había llegado a una cuenta de Banco Azteca. No denunció ante la Fiscalía Anticorrupción por pena. Otro de los afectados fue un conductor de camión de carga local, quien fue interceptado fuera del horario permitido en la Avenida Adolfo López Mateos, en Tlajomulco. Los oficiales le dijeron que no le pondrían un folio, pero que la infracción procedía a retirarle una de sus placas de circulación hasta que pagara la cantidad de mil pesos, la cual podía hacer a través de una transferencia STP. Para hacerlo “legal”, se la entregarían en el módulo de la Policía Vial ubicado en el cruce de López Mateos y Periférico, incluso le dieron la opción de que podía recogerla alguien más, siempre y cuando se presentara con INE en mano. Le dieron un número telefónico para que, en el transcurso del día hiciera el pago y lo enviara a través de un mensaje WhatsApp. Al día siguiente acudió a dichas instalaciones y le entregaron su placa en una carpeta, sin algún folio o documento oficial. Otra de las afectadas dijo haber dado una vuelta prohibida en una avenida de la Colonia Moderna, en Guadalajara. Tras detenerla el agente la intimidó diciéndole que la multa por esta infracción tenía uno de los costos más altos, pero que “podían arreglarse para apoyarla”. Ella asustada dijo que sólo tenía consigo dos mil 500 pesos, y el oficial le respondió que “era poco, pero que le haría el favor de dejarla ir”.La multa por dar vuelta prohibida tiene un costo máximo de 543 pesos. Tampoco interpuso una denuncia por el hecho. Los tres testimonios coincidieron en omitir sus nombres y en no acudir a denunciar a la Fiscalía Anticorrupción debido a que, aseguraron, los oficiales fotografiaron sus credenciales de elector, por lo que temen que pueda haber alguna represalia en su contra al tener acceso a todos sus datos personales, incluyendo domicilio y CURP. Además, de manera anónima, dos oficiales de la Policía Vial confirmaron que a los agentes, quienes vigilan las calles en camionetas, sus comandantes les cobran una cuota diaria promedio de mil pesos, aunque para patrullar en zonas céntricas aumenta a hasta mil 500 pesos.A quienes patrullan en motocicleta se les cobra alrededor de 800 pesos.“Si te tocó manifestación o por algo no pudiste patrullar, y no sacaste la cuota, te toca poner de tu bolsa o te bajan del vehículo y te mandan a crucero. Nadie quiere estar en crucero porque ahí no puedes morder”, dijo uno de los agentes.“Hay unos 10 policías asignados a Supervisión del Transporte Público que tienen amigos en esa mafia y ya pidieron su cambio a la Comisaría General porque les dijeron que por ser último año podían morder como quisieran y les prometieron patrulla, pero que sepamos no los han dejado hasta que no lleguen más policías a la dirección”, señaló otro de los agentes viales. CT
