Las modificaciones a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco por parte de diputados locales son para mejorar las condiciones de seguridad de conductores y usuarios de vehículos de empresas de redes de transporte (ERT), aseguró la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña.La legisladora explicó que, con las modificaciones a la ley, se busca regular a las empresas como Uber y Didi, únicas que operan de forma legal en Jalisco, para que refuercen sus protocolos de seguridad y evitar delitos tanto para conductores como para usuarios.“Con esta reforma creamos el capítulo del sistema de transporte de punto a punto, que son las plataformas en las que tienen que contar con las medidas indispensables de seguridad como el botón de pánico, el GPS, la prohibición de los seguros en las partes traseras de los vehículos y que no se puedan quitar manualmente, que los polarizados no obstruyan totalmente la vista, que exista un padrón de conductores para cualquier emergencia.Otras medidas de seguridad que se contemplan con las modificaciones a la ley de movilidad son:Estas regulaciones son para alrededor de 20 mil vehículos de plataforma que hay en Jalisco, según comentó la diputada.Las modificaciones a la ley de movilidad, aprobada en octubre de 2022, fueron hechas a raíz de un amparo interpuesto por la empresa Uber, mismo que les fue concedido por un tribunal en junio pasado. La empresa argumentó que ya cuentan con medidas de seguridad propias para evitar incidentes y que son una empresa de transporte privado, no de transporte público, razón por la que interpusieron el recurso legal.Ahora, con las modificaciones a la ley, se cambió su denominación a “transporte privado de punto a punto” y con ello, se espera que ya no haya recursos legales interpuestos por la empresa; en caso de ser así, se llevaría el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció Mónica Magaña. “La reforma está hecha conforme las indicaciones, conforme a la sentencia que hubo ante el amparo de Uber, esperaríamos que no exista otro amparo de parte de Uber (...) entonces, no vamos a permitir que sea un tema sólo local, lo vamos a llevar a Suprema Corte para que sean precisamente ellos, las ministras, los ministros quienes determinen qué debe suceder y qué iría primero ante este debate”.La diputada reiteró que el impuesto del 1.5 por ciento avalado en la iniciativa deberá ser cubierto por la empresa y no por los conductores o usuarios.Hasta el momento, sólo la empresa Uber ha interpuesto recursos legales en contra de la Ley de Movilidad, de la empresa DIDI, el Congreso local no tiene conocimiento, aclara Mónica Magaña.MF
