Por deficiencias en la prestación del servicio o no hacerlo de manera adecuada, y con ello presuntamente vulnerar los derechos humanos de las personas, al cierre de 2023 la Fiscalía Estatal se ubicó como la dependencia señalada con mayor frecuencia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).En total, en su contra, se interpusieron un total de 755 quejas en todo el año pasado, la mayoría de ellas contra la Fiscalía Central y la Fiscalía Regional.Entre las violaciones supuestamente cometidas con mayor frecuencia se encontraron la prestación indebida del servicio público, la violación al derecho a la legalidad y segurídad jurídica y la violación al derecho a la igualdad y al trato digno.Al respecto la titular de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez, indicó que el derecho a la seguridad es el tema que más frecuentemente se vulnera, sin embargo, dijo, derivado precisamente de dichas quejas se ha trabajado constantemente con la dependencia con el objetivo de sensibilizar a su personal en el tema.“El día de antier ustedes pudieron ver que hicimos una serie de capacitaciones en torno a las personas con vulnerabilidad, para que ellos puedan tener herramientas. Hemos tenido, durante todo el año pasado, y vamos a seguir trabajando con diferentes temáticas, capacitando a los elementos de todas las corporaciones metropolitanas. Ahora vamos a iniciar el día de mañana en Chapala, dando continuidad a eso. Tenemos que seguir trabajando, capacitando, sensibilizando al personal, pero sobre todo dignificando el trabajo de las y los policías, para que ellos puedan ver los derechos humanos como parte de su vida esencial y cómo deben de tener herramientas claras para saber qué es una violación a un derecho humano y no seguirlo”, manifestó la onmbudsperson en entrevista al término de su informe.La titular de este organismo reconoció que el tema de las desapariciones en la entidad también se ha posicionado como uno en los cuales se padecen mayores violaciones a sus derechos humanos, por lo cual se ha trabajado de cerca con distintos colectivos en busca de sus seres queridos, pero también con las autoridades a cargo de dar solución a la problemática.“Sabemos que todavía nos hace falta sensibilizar a más funcionarios públicos para que puedan atenderlos de manera puntual, para que no haya tanto retroceso, tanto tardanza en avanzar en sus tarjetas de investigación. Estamos trabajando mucho de la mano con ellos también. Yo les mencionaba que el año pasado instalamos un centro al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde hemos tenido una atención inmediata con los familiares de los desaparecidos, brindándoles orientación, cercanía, incluso levantar quejas ahí”, aseveró la titular del organismo.Por otra parte, aseveró, se ha dialogado con las autoridades municipales para que eviten retirar las fichas de búsqueda que colectivos pegan en distintos puntos de la ciudad para visibilizar la problemática. “Yo creo que tenemos que visibilizar esta situación y no ser indolentes como sociedad a una realidad. Y si esa ficha de búsqueda nos permite ir identificando a las personas de idola que sean localizadas, yo creo que tenemos que buscar los mecanismos y los modos que sean posibles”, aseveró Gódinez González.Fuente:CEDHJComo parte de la entrega de su informe, la ombudsperson, Luz del Carmen Godínez indicó que en todo 2023 se recibieron tres mil 047 quejas (de las cuales, 18 fueron colectivas) que involucran a dos mil 923 personas, y se abrieron siete quejas de oficio.También, dijo, se iniciaron 29 actas de investigación y se emitieron 669 medidas cautelares, mientras que, por otra parte, se concluyeron tres mil 127 expedientes de queja, de los cuales derivaron mil 102 conciliaciones.Durante todo 2023, dijo, se emitieron 40 recomendaciones, todas aceptadas “y en su mayoría al 100% cumplidas”, aunque el informe, ya publicado en la página oficial del organismo, señala que solo 22 se cumplieron en su totalidad, pero se llevaron a cabo 825 puntos conciliatorios.En total, indicó Luz del Carmen Godínez, se logró, como parte de las medidas de compensación, el pago de tres millones 470 mil 366 pesos, además de haber sancionado a 217 personas servidoras públicas con acciones como vinculaciones a proceso, disculpas, cese o inhabilitaciones de su cargo o suspensiones sin goce de sueldo, aunque en la mayoría de los casos (poco más de 100 casos) las indagatorias únicamente derivaron en exhortos, amonestaciones, apercibimientos y el agregar el caso por el cual se les señaló a su expediente.NA
