La reforma constitucional de pensiones propuesta por AMLO para que los “trabajadores se jubilen con el cien por ciento de su salario” camina como pato, grazna como pato y hace como pato, pero no vuela como pato. Esperé con ansiedad los cómos de la propuesta. En mi columna del lunes titulada “Pensiones: bomba, salvavidas o cortina de humo” adelanté que la seriedad de la iniciativa dependía de las fuentes de financiamiento. Después de leer las 21 páginas del documento que AMLO envió a la Cámara de Diputados quedé con esa misma sensación de quien le compra a Slim un paquete de telefonía celular: era demasiado bueno para ser verdad. De entrada la pensión al cien por ciento incluye sólo a los trabajadores que menos ganan. La iniciativa de reforma al artículo 123 señala que al cumplir 65 años quienes empezaron a cotizar en el IMSS después del primero de julio de 1997 “tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual al último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS”. El salario promedio cotizado en el IMSS en 2023 fue de 16 mil 777 pesos mensuales. Si alguien se hubiera jubilado el año pasado con esta reforma, ese sería su tope máximo de pensión garantizada, por ejemplo, si gana 20 mil pesos mensuales o más. Si gana menos, su pensión al cien por ciento está garantizada por el Estado con independencia de lo ahorrado en su Afore. Cada año, el monto aumentaría según la inflación. Pero hablo desde un punto de vista muy egoísta y fificrático. En México siete de cada 10 trabajadores formales ganan entre uno y dos salarios mínimos. Ellos serían los beneficiados con esta reforma: el sector más vulnerable. Nos equivocamos quienes pensamos que el Estado iba a garantizar una pensión equivalente al “salario de los últimos cinco años de cotización” como marcaba la ley del 73. Desde cualquier enfoque la reforma es un acto de justicia social. Los líderes parlamentarios de la oposición han dicho que, en los términos que ha sido propuesta, la apoyarán. También la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) respaldó la iniciativa.Esta es probablemente la reforma con más posibilidades de aprobarse de entre las veinte presentadas el lunes. El único obstáculo es el envoltorio electoral que utilizó AMLO al ponerla sobre la mesa. Las fuentes políticas de financiamiento -los fondos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el dinero que se genere con la eliminación de organismos autónomos y el recorte a los lujos en el Poder Judicial y la Corte- la condicionan a un triunfo político-electoral del Presidente. En aras de un bien colectivo mayor, el oficialismo y la oposición deberán transigir, un verbo ideal para estos tiempos polarizantes y paralizantes que la RAE define como: “Consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia”. jonathan.lomeli@informador.com.mx
