En los últimos días han sucedido algunos acontecimientos que merecen nuestra atención y análisis. Durante la celebración de la Internacional Socialista -organización que agrupa a los países social-demócratas del mundo-, su presidente y presidente del Gobierno español por el Partido Socialista, Pedro Sánchez, expresó su preocupación por la posible intervención del crimen organizado en las próximas elecciones de México. Días después, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada catalana del Partido Popular, hizo un vehemente llamado a los jóvenes mexicanos para que defiendan sus libertades y el sistema democrático: “Cuiden lo que tienen antes que deban lamentar que lo han perdido”, dijo. El 13 de marzo, nuestra paisana, María Guadalupe Aguilar, recibió el Premio de Derechos Humanos Rey de España -de las propias manos de Felipe VI- otorgado por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá. Lo hizo en nombre de las madres buscadoras de Jalisco. Salta a la vista que, desde una óptica externa, existe la percepción -que comprende todas las expresiones políticas- de que la vida de las instituciones nacionales pudiese entrar en una etapa de daño irreversible. Motivo de reflexión debe de ser, también, el documento de la Conferencia Episcopal Mexicana preparado por un distinguido grupo de estudiosos, seglares y religiosos, respecto de las condiciones generales en las que se encuentra nuestra nación. En la solicitud de adhesión presentada a los candidatos a la Presidencia de la República, estos se comprometen a atender las causas y efectos de la crisis de seguridad que se vive en el país. Claudia Sheinbaum, candidata del partido gobernante, firmó, bajo protesta, (notoriamente molesta) el Compromiso Nacional por la Paz; no sin antes descalificar la validez del diagnóstico, su alcance y las soluciones planteadas. La respuesta de algunos representantes del Gobierno, en tono y lenguaje jacobino, señaló la iniciativa como una intromisión de la Iglesia en asuntos ajenos a su competencia, cuando esta iniciativa tiene como origen el asesinato de dos sacerdotes jesuitas que realizaban su misión apostólica en la sierra tarahumara. Estaremos de acuerdo en que ninguna corporación tiene el derecho de gobernar el país, ni este ni ninguno; no lo tiene el Ejército, la Iglesia, el Congreso, los organismos empresariales, las universidades, ni los sindicatos. Ninguno lo tiene, pero nadie con tres dedos de frente pensará que, porque no lo tienen, carecen del mismo para participar de palabra y obra en los asuntos públicos. Baste como ejemplo de su importancia la vieja sentencia del Quijote: “Con la Iglesia hemos topado, Sancho”, que refleja la inconveniencia de ignorar a los factores reales de poder.Finalmente, es oportuno reflexionar sobre la crisis institucional que se vive en el Estado de Guerrero. El huracán “Otis” desnudó no tan solo la ineptitud e incompetencia de las autoridades, sino que reveló la realidad de una Entidad entregada, como botín, a un aliado incondicional de López Obrador, condenando a los habitantes de esa Entidad a un infierno del que llega a nosotros el fétido olor de la corrupción. Por cierto, el susodicho es, nuevamente, candidato plurinominal al Senado por Morena. ¡Bien haya!
