Uno de los mantras centrales de la doctrina neoliberal es la privatización de la mayoría de las funciones administrativas, alegando que los actores económicos privados eran más eficientes que los actores estatales para desempeñar las funciones gubernamentales. Más de 40 años de políticas neoliberales radicales han demostrado la falsedad de esta afirmación, como lo muestra el fracaso de la privatización escolar en Chile y Estados Unidos con millones de estudiantes comprometidos con deudas por colegiaturas impagables.En México hay incontables fracasos de las privatizaciones como lo fue la nacionalización bancaria tras la crisis de la deuda de 1994-1995, pues los pasivos bancarios fueron asumidos por el Estado, obligando a todos los mexicanos a pagar los errores y malversaciones de los banqueros, a través del Fobaproa hasta el año 2072. Otros grandes fracasos de las privatizaciones en México fueron las de autopistas y de ingenios que, al igual que las bancarias, fracasaron y fueron asumidas de nuevo por el gobierno federal, con costo para toda la sociedad.A pesar de estos sonados fracasos de las privatizaciones en el mundo y en México, los gobiernos actuales siguen con esta tendencia, como el gobierno de Movimiento Ciudadano (MC) de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro Ramírez.Lo de menos es que esta tendencia a privatizar y poner en manos de particulares funciones y servicios que corresponden al gobierno, el gobierno de MC en Jalisco incumpla la doctrina y supuesta postura socialdemócrata de este partido, pues ya sabemos que los principios doctrinarios sirven para romperse o traicionarse.Lo relevante es que la tendencia privatizadora del gobierno estatal que encabeza Enrique Alfaro y otros gobiernos municipales de MC tiene costos y consecuencias que paga toda la sociedad.Aunque la tendencia privatizadora de los gobiernos de MC opera a todas las escalas, hay grandes contratos que confirman esta práctica naranja de conceder jugosos contratos a los privados para que desempeñen funciones que, en teoría, corresponden a los gobiernos en turno. Todos ellos polémicos.Los cinco más cuantiosos son A Toda Máquina, la privatización de arreglo de obras públicas, el programa de verificación vehicular, la renta de patrullas en Guadalajara y el traspaso a despachos privados de la deuda de morosos en el ayuntamiento tapatío. Estos dos últimos ejemplos de privatización son impulsados por el presidente tapatío Pablo Lemus Navarro. El programa A Toda Máquina (destapado por Sonia Serrano en marzo de 2019) consiste en el arrendamiento de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), al servicio de los gobiernos municipales por un monto de 3,634 millones de pesos a la empresa Operadora de Servicios Mega, propiedad de un empresario amigo del gobernador Enrique Alfaro: Guillermo Romo Romero, de la familia ex dueña de Tequila Herradura (https://bit.ly/3INWXF6). Hay también una serie de contratos que el gobierno estatal firmó con diversas empresas privadas para que se hagan cargo del mantenimiento de avenidas, así como de carreteras y hasta el sistema de operación de la Línea 1 del Tren Ligero. Además de estos rubros, se entregan contratos a privados por un monto multianual de hasta 14 mil millones de pesos (https://bit.ly/341fKhk). Otro jugoso contrato entregado a la iniciativa privada es el programa de verificación vehicular entregado a la empresa Worldwide Enviromental Products Inc, por 3,892 millones de pesos, a pagar en casi quince años, según el reportaje de Isaack de Loza (https://bit.ly/3IQcPqj). En Guadalajara, el alcalde Pablo Lemus arrancó su administración anunciando el arrendamiento de vehículos para el patrullaje de la ciudad por parte de la Comisaría municipal, por un monto de 792 MDP. Finalmente, el gobierno tapatío entregará el cobro de adeudos a morosos a despachos privados (Sonia Serrano, NTR, 25 enero 2022). Pero a pesar de ser contratos multimillonarios, la tendencia privatizadora también se cumple al solicitar créditos bancarios con la justificación de los programas de obra pública o de apoyos económicos, como hizo Enrique Alfaro con el pretexto de la pandemia. En lugar de realizar obras y programas sociales a través del gasto público regular, el gobierno decide contratar deuda que a la larga pagaremos entre todos. En todos los casos se trata de entrega de funciones de gobierno a particulares que cuestan millones de pesos que podrían ahorrarse si las dependencias responsables hicieran su trabajo. ¿Por qué se entrega un contrato para el mantenimiento de avenidas y nodos viales? ¿Qué no hay trabajadores estatales o municipales que cobran por esta tarea? Lo mismo puede decirse del cobro de adeudos municipales.A la larga esta tendencia privatizadora nos hace que la sociedad paguemos por duplicado las, de por sí onerosas, funciones estatales. Pero se explican porque además de las empresas contratistas, muchas de esas privatizaciones terminan pagando carreras de funcionarios y campañas políticas. Es decir, se explica por la privatización de la política que también es un mantra del neoliberalismo. rubenmartinmartin@gmail.com
