Fernanda me escribió para contarme su historia que podría resumirse así: ¿tú qué sabes de penas si nunca intentaste rentar casa en la zona metropolitana de Guadalajara? Fernanda dejó su casa en Residencial Las Terrazas, en Tlaquepaque, porque se la pidió su casero. Primero buscó trato directo con algún dueño, pero no tuvo suerte. Encontró un departamento administrado por una inmobiliaria en Fraccionamiento Altos Sur de Guadalajara, en la zona de Miravalle, cerca de donde vivía. Estos eran los requisitos: aval con una propiedad dentro de la zona metropolitana, certificado de libertad de gravamen (antigüedad máxima de un mes) y escrituras liberadas, comprobante de domicilio, predial e INE con el mismo nombre y dirección del aval. También tres meses de depósito, más un mes de renta y 12 pagarés firmados por el arrendatario y el aval como garantía por el año del contrato. Más 700 pesos por concepto de investigación. Este dinero lo pierdes si concluyen que tu perfil es “no apto”. “La renta era de seis mil pesos. Entonces tenía que dar 24 mil pesos más gastos administrativos e investigación”, contó Fernanda. Finalmente no consiguió el aval. Trató de negociar, refirió a su anterior casero al que le rentó por 10 años sin queja, pero no resultó. Halló una segunda opción, mismo fraccionamiento, mismo precio, pero un departamento más pequeño, sólo dos cuartos y un baño. Misma inmobiliaria. Mismos requisitos. El dueño tenía prisa por rentar, así que Fernanda negoció. Ofreció un aval con propiedad en proceso de pago y sólo dos meses de depósito más la renta. La inmobiliaria aceptó: “Pagué los 18 mil pesos y me dieron un contrato por un año”. Salvo el papeleo engorroso del inicio y el régimen militar del coto, vivió un año en paz. Hasta que tuvo que renovar contrato. Requisitos: los mismos documentos actualizados y entregados físicamente en la inmobiliaria. Más un aumento de 500 pesos en la renta mensual (alrededor de 8 por ciento, el doble que la inflación). Le explicaron que debía “nivelar” los dos meses de depósito con mil pesos adicionales. Los pagó, pero decidió mudarse al año siguiente porque el aumento amenazaba el equilibrio de sus finanzas. El mes pasado avisó que dejaba el departamento. “Para entregar el departamento es lo mismo pero al revés”. Entregó los servicios en ceros, canceló contratos y mostró en horario laboral el departamento a potenciales interesados (así lo estipula una cláusula). Limpió, pintó y dejó todo como lo recibió. La inmobiliaria la citó (otra vez en horario laboral; no le dieron a elegir) para que entregara físicamente el inmueble. Pero le dijeron que había un muro sucio y unos resanes mal hechos. Sólo pagó 2 mil 800 pesos a cuenta de depósito por las reparaciones. “Amarran todo para que sí o sí salgas perdiendo”. Fernanda se mudó este mes a una casa compartida por la zona. “Pues así que tú digas: tengo la opción de elegir, pues no, las rentas están caras y son muchos requisitos”. Cuando a fin de mes lleguen los servicios de su anterior morada, la inmobiliaria le avisará si tiene adeudos y tres meses después le notifican si le regresarán el depósito. “Sí creo que me lo regresen; suena optimista, pero quiero continuar así”. Hay algo para mí inexplicable. Cómo le hizo Fernanda para sortear todas esas complicaciones económicas y logísticas con un sueldo de 15 mil pesos al mes, un horario de oficina, una separación y dos hijos adolescentes. Porque la vida sigue mientras buscas dónde vivir. El Coneval reveló apenas que entre 2018 y 2022, la población en Jalisco con carencia por calidad y espacios de vivienda disminuyó de 581 mil a 447 mil personas. Esto significaría que el resto, el 94.7 por ciento de los habitantes del Estado, acceden a una vivienda digna. Los números son exactos, lógicos y tranquilizadores; la vida de las personas es real, abrupta y más compleja. Me pregunto en qué supuesto del Coneval encaja la historia de Fernanda.
