La detención del general en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda en Estados Unidos, además de volver a exhibir que el gobierno de la autollamada cuarta transformación nada ha hecho distinto que sus antecesores para combatir y castigar la infiltración del narco en gobiernos pasados y presentes, como pasó cuando en diciembre pasado también detuvieron en suelo estadounidense a Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, también demostró la nula confianza que el gobierno de Donald Trump tiene en las autoridades mexicanas en esta materia.Quedó claro que el trabajo binacional y la coordinación entre las corporaciones policiales de Estados Unidos con sus pares mexicanos se queda sólo en los discursos del canciller Marcelo Ebrard. En la realidad, y así lo demostró la DEA, siguen viendo altos grados de complicidad de mandos mexicanos policiales y gubernamentales con la delincuencia organizada.Prueba de ello es que mantuvieron en completo sigilo la orden de aprehensión en contra del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto, y nunca comunicaron oficialmente de esta investigación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esperaron a que Cienfuegos estuviera en territorio estadounidense para realizar la detención que les permitía una orden de captura que tenían lista desde el 2019.Esta falta de confianza bien podría originarse en el hecho de que a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, donde la detención de García Luna se dio en parte por lo declarado por testigos en el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en México, el gobierno de la 4T no hizo prácticamente nada con toda la información que se reveló durante los alegatos de la Fiscalía y la defensa que se presentaron a lo largo de casi tres meses en el llamado juicio del siglo en Nueva York, en el que atestiguaron 56 hombres y mujeres, que concluyó en febrero del 2019 pasado con el veredicto del juez Brian Cogan, que condenó a cadena perpetua a “El Chapo”.Además de los sobornos a García Luna, en este litigio en territorio estadounidense se escuchó también de dádivas del narco a los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, e incluso a colaboradores del propio AMLO en la campaña del 2006. También de las complicidades de mandos militares y policiales con el cártel de Sinaloa. Nada de esto supimos en las tres ocasiones que fue detenido en México, dos de las cuales escapó de prisión. Además, lejos de que el gobierno de López Obrador diera seguimiento a lo que se dijo en este juicio, ocho meses después vino el episodio, que seguramente hizo crecer la desconfianza de las agencias antinarcóticos de EU, conocido como “el culiacanazo”, al que nos referiremos mañana.jbarrerar@gmail.com
