Una noticia marginada en estos días santos debería encender todas las alertas. La FGR realizó un operativo en el patio sur del Peribús, en Tonalá, en donde decomisó más de 31 mil litros de diésel almacenado de forma ilegal que surtía a las unidades del sistema. La dependencia federal indicó que la empresa carecía de permiso para almacenar el combustible, lo cual no significa que fuera huachicol, sólo lo hace probable. La acción derivó de una denuncia anónima, vecinos al parecer, porque el combustible representaba un peligro. Hoy la FGR podría dar más detalles del caso. Es todo lo que sabemos. Sin embargo, hay un antecedente que justifica por qué debería alertarnos. Los operadores mayoritarios del Peribús son los hermanos Hugo Maximiliano y Jorge Humberto Higareda de la mítica Alianza de Camioneros. Su historial y vínculos con el poder político, en concreto con Diego Monraz, quien en 2009 les entregó la concesión del Macrobús y este sexenio se las renovó, también genera inquietud, pues los Higareda han sido de los transportistas más beneficiados en esta gestión. Para contextualizar el apapacho gubernamental y sus negocios al amparo del nuevo modelo de transporte basta revisar cómo la ruta empresa les ha garantizado subsidios millonarios y más negocios con la triangulación de recursos públicos para beneficiar a sus propias compañías. El Gobierno estatal destinó al inicio del sexenio 310 MDP para regalar 80 mil pesos a los transportistas por cada unidad para la compra de alcancías de prepago. Una de las empresas proveedoras era EB Jalisco, cuyos dueños son los hermanos Higareda. De esta manera fueron beneficiarios del programa como camioneros y proveedores al mismo tiempo. La Secretaría de Transporte les regaló 24.8 MDP para comprarse a sí mismos 311 alcancías de prepago. Por esta anomalía jamás se les sancionó. También como dueños de EB Jalisco, los Higareda incumplieron con la entrega de los sistemas de prepago a un centenar de transportistas, por eso fueron procesados por fraude genérico en 2022.El Gobierno estatal ha destinado más de dos mil 500 millones de pesos en subsidios a transportistas para renovar unidades, chatarrización y para evitar que suba la tarifa. De esa cantidad sólo a este año corresponden casi mil millones de pesos. Entre los concesionarios más beneficiados se encuentran, sí, adivinan, los Higareda. Los hermanos aparecen en el Registro Público de Comercio como dueños de las empresas Administradora Excélsior de Combustible, así como Fioletabui Combustibles y Lubricantes, ambas dedicadas a la comercialización, suministro y distribución de gasolina y diésel. También son dueños de Refabus, proveedora de refacciones para el transporte público. Tienen otras empresas como una inmobiliaria, una promotora de servicios turísticos y hasta una agencia para comercializar publicidad -recordemos que los camiones pueden vender espacios para anuncios.Si alguien ha recorrido los tentáculos del pulpo camionero de ida y vuelta desde temprana edad son estos dos hermanos -su padre fue el líder transportista de la Alianza de Camioneros-, señalados por hechos de corrupción, lo que nos hace preguntarnos en manos de quién está el Peribús. El Peribús es un modelo de transporte tan tapatío que hasta tiene ese rasgo característico de nuestra doble moral. La cara visible muestra una supuesta eficiencia de un modelo sustentable de movilidad que hasta premios recibe, pero en la cara al interior se triangulan recursos, se enriquecen unos cuantos con la complicidad gubernamental y ahora hasta usa combustible almacenado ilegalmente.
