Tenía solo seis años de edad cuando presuntamente fue abusado por su maestra. El pequeño con síndrome de Down acudía a una de las escuelas particulares de mayor “renombre” en la ciudad, en donde para obtener la educación inicial se paga al mes, por lo menos, 12 mil pesos. Una cuota que no fue suficiente para garantizar que los directivos de la institución vigilaran a su personal o, en este caso, apoye a sus víctimas. Los hechos ocurrieron en 2018 y cobraron notoriedad en días pasados por la decisión de la jueza María Eréndira Mercado Alcántar, quien vinculó a la señalada a prisión preventiva de seis meses, con la posibilidad de acordar un procedimiento abreviado. Para la jueza no hubo elementos de prueba suficientes que comprobaran la comisión del delito de corrupción de menores, tampoco se sostuvieron las agravantes que solicitó la Fiscalía porque -según su criterio- la docente no se aprovechó de una posición de autoridad porque era solo una maestra auxiliar.Situación similar ocurrió con el juez Jorge Solís Arana, quien fue suspendido el mes pasado por no vincular a proceso por corrupción de menores a un ex funcionario de Puerto Vallarta acusado de violentar sexualmente a una niña de 10 años.“Miss Sonia” quiso satisfacer sus deseos y no corromper al niño, de acuerdo al fallo de la jueza. Los estudios que se le practicaron al menor arrojaron que la acusada le practicó sexo oral al niño en al menos seis ocasiones.Tres estudios periciales, uno realizado en un centro privado, coinciden con el resultado: el menor presenta rasgos de sexualidad traumatizada y genitalización precoz, lo que contradice la resolución judicial.En medio del llamado a vigilar más las resoluciones de los jueces, las autoridades educativas deben vigilar también los filtros en las escuelas para la contratación de docentes, pues según datos de la Organización SOS México Capítulo Jalisco, existe la sospecha de que la agresora recibe apoyo de la institución educativa, que además contrató a maestros sin ningún vínculo o registro ante la Secretaría de Educación, lo que abre la puerta a presumibles depredadores sexuales. La organización considera que existen irregularidades y posibles actos de corrupción en este caso y, lamentablemente, podría haber más agresiones sexuales a menores.Como en otros casos, éste debería motivar la presión social y mediática para exigir que se investigue y, en su caso, se sancione el proceder de la jueza, quien se olvidó del principio básico del interés superior de la niñez y revictimizó con su razonamiento fuera de toda lógica legal a quien debería ser una prioridad para el Estado.A propósito de este principio universal y de visibilizar las fallas del sistema para garantizar el acceso a la justicia y el respeto a la dignidad de las personas, principalmente a menores de edad, concluyo recordando otra lamentable historia.El pasado 22 de septiembre un niño fue atropellado por un tráiler en el municipio de El Salto. Durante aproximadamente cuatro horas, su cuerpo permaneció en el pavimento, abrazado de su abuela, ante la ausencia del Servicio Médico Forense. Es inadmisible la falta de atención por parte de la autoridad. Es inhumano también.Este pequeño y su hermano estaban a cargo de su abuela debido a que sus padres fueron asesinados hace unos años. Una corta y trágica vida, en este país que parece no ver. puntociego@mail.com
