Jueves, 28 de Marzo 2024

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El Sello (rojo) del Poder Judicial

Por: Jaime Barrera

El Sello (rojo) del Poder Judicial

El Sello (rojo) del Poder Judicial

Ni la intermediación de las autoridades del gobierno estatal ha ayudado a que se logre un acuerdo entre los hermanos González Uyeda, que protagonizan una abierta y cada vez más enconada disputa por el control de la empresa Lechera Guadalajara S.A. de C.V. (Sello Rojo), fundada por su padre Roberto González de la Torre en 1961, luego de décadas de iniciar con la producción lechera en su natal Acatic, Jalisco.

Como lo hemos comentado aquí en otros episodios de conflicto en empresas privadas familiares, este nuevo asunto entre particulares se torna en un tema de interés público por las denuncias que exhiben por enésima ocasión la corrupción incontenible en el Poder Judicial y su falta de controles internos que blinde o sancione a los juzgadores que actúan de manera facciosa y atentan contra el Estado de Derecho.

Estos escándalos de incertidumbre jurídica han sido un factor determinante para que Jalisco siga bajando en los Índices de Competitividad Estatal, que realiza el IMCO y en el que este año nuestra entidad salió del Top 10 al presentar un retroceso en 7 de los 10 subíndices analizados. En el de Derecho, que analiza el entorno de seguridad pública y jurídica con indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y cumplimiento de contratos, Jalisco va ya en el lugar 18, mientras que en el renglón de Sistema político estable y funcional que mide incidencia y percepción de corrupción, entre otros, aparece en el lugar 17.

Por eso, no es cosa menor (y debería tener muy preocupados y ocupados a los operadores del gobierno estatal para contribuir a ello), la resolución de este conflicto que además tiene en vilo más de 4 mil empleos de los que obtienen el sustento igual de número de familias.

Porque es claro que nadie en el Poder Judicial ni en el infiltrado Consejo de la Judicatura ha podido hasta ahora deslindar responsabilidades para aclarar cuáles de los múltiples señalamientos que en contra de los jueces han lanzado ambas partes en lo público y en lo privado, son los acreditados.

Los de mayor sonoridad fueron les expuestos este lunes en un desplegado público dirigido al Poder Judicial de la Federación, en el que Sergio Akira González Uyeda (quien representa a sus hermanos Alfredo Shiguerú, Araceli Tomie, Roberto Eiji y a Josefina Rodríguez García y José Luis González Sánchez, cuyas acciones suman el 59 por ciento del Grupo Sello Rojo) acusa a sus hermanos Abraham González Uyeda (ex funcionario estatal y subsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón), Masayi (actual dirigente del Consejo de Cámaras Industriales) y a su hermana Hida Hiroko, que representan el 38.73 por ciento de las acciones, de manipular ilegalmente a su favor a los jueces Roberto Rodríguez Preciado y Felipe Sánchez Montes de Oca, ya que los ubican como “cuates y cuotas” por su cercanía con Abraham, para que les regresaran la posesión y las cuentas de la empresa al dar por válidas asambleas de accionistas simuladas. Mientras que el ex funcionario federal acusa al juez Juan Paulo Dávalos Navarro de actuar indebidamente al entregar la empresa a sus hermanos el 8 de octubre al pasar por alto determinaciones previas de jueces mercantiles revisadas por jueces federales. 

Conflicto privado, pues, que vuelve a poner el sello de desprestigio en nuestro Poder Judicial que sigue afectando gravemente la competitividad de Jalisco sin que nadie haga nada por evitarlo.

Habrá que ver, pues, en qué acaba este conflicto privado que vuelve a golpear la casi nula credibilidad que tiene el Poder Judicial en Jalisco.

jbarrerar@gmail.com
 

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