En un país donde hay más de 120 mil personas desaparecidas, la mitad de ellas en este sexenio; donde los desaparecidos han perdido su nombre para convertirse en un número; donde el esfuerzo de los gobiernos federal y estatales es por reducir las cifras, no por encontrar a las personas, la desaparición por unas horas del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza prendió las alarmas del Gobierno federal. No, a este Gobierno no le importaron súbitamente los desaparecidos, le importó que la víctima es un obispo emérito de la iglesia católica y un personaje conocido y reconocido por el empeño que puesto en pacificar la región donde hace trabajo pastoral que lo llevó incluso a mediar entre grupos criminales.Su aparición en un hospital fue un descanso. Está golpeado, pero vivo. ¿Fue víctima de delincuencia común o fue un mensaje de algún grupo criminal? Cualquiera que sea la opción es una pésima noticia.Si tiene que ver con el trabajo de pacificación que estaba haciendo en la zona el obispo Rangel, estamos ante un manotazo del crimen organizado que decidió mandar el mensaje claro de quién manda en la zona, quién decide qué se negocia y cómo. Hay que tener claro que detrás de todo grupo del crimen organizado hay una agencia o estructura del Estado y que en este caso sería quien “autorizó” un mensaje de este tamaño.Si se trata de delincuencia común, es decir, de un secuestro exprés hecho al azar, es una pésima noticia para todos. Significa nada más y nada menos que en este país hemos perdido la libertad de tránsito, todos podemos ser secuestrados, asaltados y golpeados a capricho de los delincuentes de una región sin que haya reacción alguna del Estado. ¿De verdad las autoridades no saben quién fue? ¿El Estado mexicano no puede frente a una banda de asaltantes?El Gobierno de López Obrador se molestó mucho cuando el arzobispo de Guadalajara, el cardenal Francisco Robles Ortega, denunció que había sido retenido por grupos de delincuencia organizada en las carreteras de Jalisco. La declaración de Ortega, que se dio justo en el contexto del asesinato de los sacerdotes jesuitas, Javier y Joaquín, en la sierra Tarahumara, tensionó las relaciones con el Gobierno obradorista y es de alguna manera el origen del documento de diagnóstico que tanto molestó a Claudia Sheinbaum hace un par de meses cuando arrancaban las campañas. Fue también una llamada de atención sobre lo que luego vendría para la zona norte de Jalisco y los límites con Zacatecas.La inseguridad va a marcar el último mes de la contienda presidencial. No sólo porque es el tema central del tercer debate, sino porque es el lado más débil del Gobierno de López Obrador. Lo que diga la iglesia católica no va a cambiar de manera importante la intención del voto, no se van a meter a la elección, pero el recargón se hará sentir.diego.petersen@informador.com.mx
