A Bernardo Corvera, en sus 15 A Carlos Loret, en solidaridadUn señor, de casualidad hermano del Presidente de la República, recibe sobres amarillos con dinero en efectivo de parte de otro señor, que trabajaba para el Gobierno del Estado de Chiapas y que, otra casualidad, terminó con un puesto en el Gobierno de López Obrador. El funcionario en edad de merecer le promete al hermano del candidato que habrá más dinero. Alguien lo está filmando. Suponemos fue que el mismo mensajero de los sobrecitos, para tener forma de comprobar que entregó el dinero. Sabemos, por lo que se alcanza a escuchar, que el destino del recurso es el movimiento que tiene como candidato al hermano. Habrá más, promete el mensajero.Un periodista recibe, no sabemos cómo ni de manos de quién, el video. Lo difunde profusamente, comenta, exige explicaciones. Hay a quien le encanta su tono beligerante, a otros no les gusta nada. Hay sin embargo algunos hechos incontrovertibles: el dinero recibido no está registrado en la campaña; el mensajero fue premiado con un puesto en la administración federal e igualmente despedido sin más explicación cuando el video se filtró a la prensa. En lugar de explicar y de investigar el delito electoral que todos vimos en nuestras pantallas, el hermano del Presidente demanda al periodista por haber dañado su imagen. Él estima que la afectación a su honor vale 400 millones de pesos: 200 el periodista y 200 el medio. No sabemos qué negocio se le cayó con esta filtración, pero debió ser grande.¿Qué tiene que ver este aparente pleito entre particulares con nosotros? Todo. Lo que está en juego en este juicio es el derecho que tenemos los mexicanos a vigilar al poder, a exigir que los políticos rindan cuentas de sus actos y a que se cumpla la ley. El juicio, interpuesto por el hermano del Presidente, no es sobre su honorabilidad: si él explica satisfactoriamente lo que vimos en el video y demuestra que lo que vimos no es lo que parece, todos los medios lo vamos a publicar. De lo que se trata este juicio y por lo que no debemos perderlo de vista, lo que está en juego, es nuestro derecho a saber. No el de Carlos Loret, no el del medio para el que trabaja, sino de todos y cada uno de nosotros que somos los sujetos del derecho a la información.Pío puede y debe preocuparse de que sus reuniones privadas efectivamente lo sean. Tienen derecho a demandar a quien grabó el video, que claramente no fue Loret. Tienen derecho a dar su versión de los hechos y nosotros reservarnos el derecho de creerle o no. A lo que no tiene derecho, ni él ni nadie, es amedrentar a un ciudadano, independientemente de que sea periodista, por difundir información de interés público sobre asuntos públicos. diego.petersen@informador.com.mx
