Estos dos casos, la detención y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Culiacán el 18 de octubre del año pasado tras un operativo militar fallido, y la detención el jueves del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, en Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero, son sin duda dos golpes inéditos que dieron en la línea de flotación del prestigio y la credibilidad del Ejército Mexicano.Ambos hechos se dieron en menos de un año, y a la distancia no es aventurado decir que el primer caso pudo influir en la forma y la secrecía con la que se dio el segundo.Como decía, la captura del General en retiro ocurrió a tres días de que se cumpliera el primer año del episodio que pasará a la historia como la mayor humillación que las mafias le han propinado el Ejército y con ello al Estado Mexicano. Me refiero a lo que se conoce desde ese día como “el culiacanazo”, cuando por decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ordenó liberar a Ovidio Guzmán, al que ya habían detenido horas antes. Para colmo, un año después nada se sabe de su paradero y en las mañaneras del Presidente nada se informa de si hay o no operativos especiales para su recaptura.Esta indiferencia y claudicación del Estado mexicano ante las milicias del cártel de Sinaloa y las muestras de aprecio que ha expresado López Obrador a la madre de este capo en su natal Badiraguato, Sinaloa, a las que se sumó ayer la disculpa que ofreció a Guzmán Loera, por llamarlo por su apodo “El Chapo”, seguramente gravitaron para aumentar la desconfianza del gobierno estadounidense en las corporaciones castrenses, policiales y gubernamentales mexicanas, y decidieran mejor esperar y guardar en secreto la orden de aprehensión contra Cienfuegos.Esa poca voluntad de cooperación binacional, como planteé ayer, es consecuencia también del poco seguimiento que se da en México, por ejemplo, a las múltiples declaraciones y señalamientos que se dieron en el juicio con el que condenaron a cadena perpetua a “El Chapo” en febrero de 2019, Lo dicho, la impunidad de la que han gozado los narcos por años en México no acabó con el gobierno de la 4T. Por eso habrá qué ver si el Gobierno de Estados Unidos atiende la petición de López Obrador de acceder a la investigación contra el ex secretario de la Defensa (a quien ayer le rechazaron la propuesta que hizo su abogado de pagar una fianza de 750 mil dólares para enfrentar el proceso en libertad) para saber cuántos militares más están vinculados con las mafias, y ver si por fin la 4T hace algo al respecto.jbarrerar@gmail.com
