Pensar que las y los diputados locales de la bancada mayoritaria del partido Movimiento Ciudadano (MC), y las y los legisladores del PAN, convertidos en sus aliados sumisos e incondicionales, van a actuar por decisión y convicción propia de manera distinta a la bochornosa conducta mostrada la madrugada del 19 de junio, cuando aprovecharon que la ciudadanía que dicen representar dormía, y cual si fueran ladrones asaltaron e infiltraron el Consejo de la Judicatura, al imponer en un desaseado proceso a el y las consejeras Tatiana Esther Anaya Zúñiga, Iván Novia Cruz y Claudia Esperanza Rivera Maytorena (los dos primeros, cercanos al gobierno alfarista y la tercera, prometida por los emecistas a los panistas), sería, por decir lo menos, ingenuo. Por eso no podemos hacernos ilusiones de que las mayorías que controlan la Legislatura 62, que ha dado numerosas muestras de estar montada en el tobogán del desprestigio por, entre otras cosas, acatar sin chistar las instrucciones que reciben desde los sótanos del poder, no nos dará, como deberían y como les exige la Ley, un proceso ejemplar para seleccionar a las cinco magistradas y a los cuatro magistrados, así como a un nuevo consejero ciudadano de la Judicatura, y contribuir así a iniciar la dignificación de un Poder Judicial igualmente desprestigiado y sin credibilidad.Menos aún por la actitud de cerrazón que asumieron ante la crítica por el errático y abusivo proceso para elegir a el y las consejeras de la Judicatura, su negativa a repetir y limpiar esa eleción, y sobre todo por la obscena y vengativa embestida que orquestó la fracción naranja, con el apoyo y la obediencia ciega de sus testaferros panistas, en contra de los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que ejercieron de manera ejemplar su independencia e hicieron una abierta crítica y exigencia de que se corrigiera ese maloliente procedimiento que debilitó aún más el órgano que, en teoría, debe vigilar y sancionar las malas prácticas de los jueces. Si de verdad queremos que esta última convocatoria para elegir nueve magistraturas y un consejero de la Judicatura (en la que por si las dudas ya quitaron el requisito de que las y los aspirantes saquen al menos 80 puntos en el examen, que fue lo que delató la simulación y la imposición de los cuates y las cuotas en junio pasado) sea una oportunidad para empezar a limpiar el Poder Judicial, debemos vigilar y poner la lupa desde ya para que las y los diputados cumplan a cabalidad los términos y las reglas de la competencia. Pese a la omisión del requisito de la calificación, el hecho de incluir al Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) para que evalúe a las y los aspirantes es alentador para que esta vez no se les falte al respeto con otra farsa. Pero, insisto, como ésta (que incluye por primera vez los exámentes de control y confianza), la otra convocatoria de los consejeros también estaba bien hecha pero fue violada. El trabajo de las cinco universidades más importantes de Jalisco (UdeG, UP, Iteso, Univa y TEC) fue burlado. No permitamos que ahora las mayorías de la impresentable Legislatura 62 quieran nuevamente imponer sus cuotas y a sus cuates, y se burlen de las evaluaciones ahora del Ceneval, que sería todo un escándalo nacional. Cerremos, pues, el paso al asalto del Supremo Tribunal de Justicia (STJ).jbarrerar@gmail.com
