Los cambios a la Ley Federal de Derechos, recién aprobados por la Cámara de Diputados, prevén un aumento de 7% en en las cuotas para la explotación y aprovechamiento del espacio radioeléctrico. Con ello aumentaría el costo de los servicios de telefonía e Internet.Pero, ¿cuánto aumentarán? Al menos 10 por ciento, de acuerdo con Antonio Ruiz Porras, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).“No necesariamente aumentaría lo mismo, lo más probable es que se perciban aumentos más altos. Son artículos de primera necesidad, la gente está dispuesta a pagar más y los proveedores lo saben. Además, tienen competencia e incentivos para incrementarlos”, señaló.Aunque serán los proveedores del servicio quienes tendrán la última palabra.Este aumento, en medio de la pandemia de COVID-19 que trajo consigo una crisis económica y desempleo, trae también costos indirectos, pues podría generar un estancamiento y rezago en ciertas zonas, además de una ampliación en la brecha de desigualdad tecnológica, así como un impacto directo en los hogares por la educación y comercialización.Además, para los proveedores también es perjudicial, pues quienes quieran ser nuevos concesionarios tendrán una barrera de costos y a quienes ya están, si se reduce la competencia -consecuencia de la barrera- no van a tener incentivos para mejorar la calidad.Pero también se verán ante la posibilidad de tener sanciones.“El hecho de no puedan tener actividades de recaudación fiscal, los proveedores, aparte de fiscalización, lo cual tiene un mayor costo, también puede haber bloqueos del servicio como sanciones”, señaló el especialista.Mientras que los potenciales beneficios son poco probables que se traduzcan en beneficios para la gente e incluso para el gobierno, como una supuesta mayor recaudación, pues los costos de fiscalizar suben de una manera elevada.“Este tipo de medidas atentan contra las posibilidades de desarrollo tecnológico y económico del país. Son poco justificables, debería promoverse el uso de estas tecnologías a través de subsidios. Es una mala medida porque perjudica a la ciudadanía en un momento crítico”, dijo.Por su parte, Rodolfo Servín, académico de la Especialidad en Impuestos con Responsabilidad Social del ITESO, coincidió en que, si bien era necesario el cambio para modificar los costos, pues México tiene los más bajos a nivel mundial, pudo haber esperado a que pasara la emergencia sanitaria.“La Cámara de Diputados hizo ver la poca sensibilidad que se tiene con la peor crisis económica que el país haya atravesado en décadas. No repercute en un beneficio para la población y va contraria a la política que ha señalado el Ejecutivo sobre no aumentar los impuestos, porque aunque no es un impuesto, sí es una contribución”, apuntó.OA
