En los primeros ocho meses del 2023, el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, conocido como “Escudo Urbano C5”, recibió mil 092 reportes de emergencia al 911 por personas que fueron privadas de su libertad de forma ilegal: cuatro llamadas diarias, en promedio. 

Pese al aumento en el presupuesto para el C5, el sistema de cámaras de vigilancia no ha evitado que las personas sean privadas de la libertad en la vía pública, como ocurrió con la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, quien el pasado 24 de septiembre fue plagiada en el cruce de avenida Patria y Gabrielle D’Annunzio, en la colonia Jardines Vallarta, en Zapopan.

Aunque la presidenta municipal fue localizada con vida, el Presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que había sido “liberada”, es decir, que no fue encontrada por corporaciones de seguridad. 

De acuerdo con el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, la privación de la libertad tiene una prioridad de atención alta, al tratarse de actos relacionados con la libertad personal. 

Francisco Jiménez Reynoso, investigador del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, explica que la privación ilegal de la libertad se puede agravar en delitos como desaparición cometida por particulares, desaparición forzada o secuestro, entre otros. 

“Aquí entra el concurso de delitos, se analiza el móvil o si hubo terrorismo, lo que agrava las penas”.

El académico de la casa de estudios agrega que el seguimiento de este tipo de reportes es fundamental ante el alza que se tiene en los delitos como desaparición forzada o cometida por particulares. 

Agregó que las fallas de la autoridad constitucional han complicado el combate al crimen organizado.

MARCO LEGAL 

Persiguen por oficio la desaparición forzada

• El Artículo 13 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, indica que los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados.
• El Artículo 27 de la misma legislación refiere que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. 
• El Artículo 34 indica que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero.
• En Jalisco, el Artículo 154-A del Código Penal menciona que el delito de desaparición forzada se considera permanente e imprescriptible, y la pena es de 40 a 60 años de prisión y multa de 10 mil a 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para quien cometa el delito de desaparición forzada de personas.

Persona agresiva o sospechosa fue el principal reporte al 911

Entre mayo y agosto de este año, los principales reportes recibidos por el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, mejor conocido como “Escudo Urbano C5”, fueron por “persona agresiva” y “persona sospechosa”, con 15 mil 268 y 11 mil 925 llamadas en ese periodo, respectivamente.

El Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia describe que una “persona agresiva” es el sujeto que “trata de causar un daño o lesión a otra”, mientras que la “persona sospechosa” es un individuo que “da motivos para formar un juicio o suposición sobre una mala acción antes de que se lleve a cabo”.

Según el mismo documento, la atención oportuna de las emergencias que enfrenta la población por desastres naturales, accidentes o por la comisión de algún delito, permite contrarrestar sus efectos sobre la integridad, la vida y el patrimonio de las personas. “El derecho a preservarlos es una demanda fundamental en la población, la cual espera exista la respuesta de un Estado que acuda en su ayuda con prontitud y vocación de servicio ante situaciones de alta vulnerabilidad”.

Además, se indica que el principio básico de protección que todo Estado está obligado a brindar a su población se potencia ante situaciones de emergencia, lo que compromete a los gobiernos a contar con sistemas preparados para actuar de manera ordenada y consistente.

Cuestionan eficacia del C5

En Jalisco, a diferencia de otras Entidades, uno de los principales reclamos desde la sociedad civil tiene que ver con la poca eficacia del C5 para la prevención de delitos en tiempo real.

Por ejemplo, en los bloqueos documentados en la ciudad el 9 de agosto de 2022, en la carretera a Saltillo y la calle Chícharo, donde se registró el primer evento de ese día, había cámaras de videovigilancia, sin embargo, no sirvieron para detener a los responsables de incendiar un camión y un auto particular.

Por otro lado, este medio de comunicación ha documentado que las cámaras presentan fallas y el organismo no actualiza el estado de los aparatos periódicamente, como sí ocurre en el C5 de la capital del país.

Francisco Jiménez Reynoso, investigador del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, cuenta que aunque hay una gran inversión, la población no ha visto resultados en delitos de alto impacto.

“En otras Entidades, en tiempo real se previene que se cometan delitos y se consuman e incluso hay detenciones. Pero aquí no, curiosamente. Sólo funciona con recuperaciones de vehículos robados pero no en delitos de alto impacto, como secuestros o balaceras”.

Destacaron acciones de Lagos de Moreno

Lagos de Moreno recientemente se convirtió en noticia internacional por la desaparición de cinco jóvenes, quienes no han sido localizados.

En el cuarto informe del actual Gobierno, se presumió la inversión de casi 110 millones de pesos para fortalecer la infraestructura del Escudo Urbano C5, con lo que se mejoraron los servicios que se prestan a la población y a las dependencias de seguridad de los tres órdenes de Gobierno en el Estado.

“En Lagos de Moreno, por ejemplo, en la primera etapa de un proyecto de mejora y fortalecimiento de los servicios del C5, se expandió la infraestructura de videovigilancia con la instalación de 52 cámaras de vigilancia urbana y dos arcos carreteros con lectores de placas; además, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación y equipamiento del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE) que da servicio a la región Altos Norte”.

Se destacó que la segunda etapa de este proyecto, programada para concluir en diciembre de 2022, se instalarán 31 cámaras de vigilancia urbana y tres puntos lectores de placas más.

“De igual forma, en materia de videovigilancia, se robustecen municipios del área metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Jocotepec, con la instalación de 126 nuevas cámaras en 35 puntos de vigilancia urbana y cuatro con lectores de placas”.

GUÍA

Casos de alto impacto que no se persiguieron en tiempo real 

1. Desaparición de tres jóvenes en Santa Ana Tepetitlán

Desde el pasado lunes 25 de septiembre, familiares buscan a Jesús de 19 años, Julio César y Sergio, de 38 años, quienes desaparecieron en la colonia Santa Ana Tepetitlán, del municipio de Zapopan. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, dijo que no descartan que los hombres hubieran sido plagiados por el crimen organizado para reclutarlos con el fin de ponerlos a su servicio.

2. Privación de la libertad de Yolanda Sánchez Figueroa

La Fiscalía estatal informó que Raúl A., Adrián A. y Miguel Ángel D. fueron vinculados a proceso por su probable participación en la privación de la libertad de la alcaldesa de Cotija, Michoacán.

“Además, a petición del agente ministerial, los tres sujetos deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año”, detalló.

De acuerdo con la carpeta de investigación, se desprende que la alcaldesa de Cotija, Michoacán, en compañía de dos mujeres, salieron de una plaza comercial y al abordar un vehículo de servicio de alquiler para ser trasladadas a su destino, fueron interceptadas por sujetos armados quienes se la llevaron privada de la libertad. Hechos suscitados el pasado 23 de septiembre, en la colonia Jardines de la Patria, municipio de Zapopan.

3. Desaparición masiva de jóvenes en Lagos de Moreno

Hasta la fecha no se sabe el paradero de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante, quienes desaparecieron el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) comunicó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, capturaron a Rogelio M., identificado como probable partícipe en la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno. El hombre fue puesto a disposición del juez de control y oralidad que lo requería luego de que el Ministerio Público solicitara una orden de aprehensión por los delitos de desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas.

4. Privación de jóvenes del “call center”

Entre el 20 y 22 de mayo de este año desaparecieron cinco jóvenes: Itzel Abigail y su hermano Carlos David Valladolid, Arturo Robles, Jesús Alfredo Salazar y Carlos Benjamín García, quienes tenían como máximo tres meses trabajando en un “call center” ubicado en la colonia Jardines Vallarta, en Zapopan. Posteriormente, el día 26 de mayo se recabó la denuncia por la desaparición de Mayra Karina, quien estuvo relacionada con una investigación de fraude en el 2016 y ese día se recabó denuncia por familiares de Jorge Miguel.

Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco, dijo que tres de las siete víctimas, por lo menos, fueron extraídas del “call center” de Jardines Vallarta por un comando armado. Además, Juan Antonio, la octava víctima, desapareció rumbo al trabajo. El pasado 6 de junio, la Fiscalía del Estado confirmó que los cuerpos hallados en bolsas plásticas al interior de un barranco de la zona Mirador Potrero de la Barranca, en Zapopan, eran de los ocho jóvenes.

5. Bloqueos en carretera a Saltillo

El 9 de agosto de 2022, un enfrentamiento entre militares y delincuentes en los límites de Ixtlahuacán del Río y Cuquío detonó una serie de bloqueos con siete vehículos incendiados. En Zapopan dejaron tres unidades del transporte público, dos autos particulares y un camión de reparto de refresco en llamas, pero sin lesionados. A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco confirmó que los hechos habían iniciado por ese tiroteo y luego se registraron bloqueos en ingresos a la ciudad “para tratar de evitar el paso de las corporaciones de seguridad”. Pese al sistema de videovigilancia en la carretera Saltillo y la calle Chícharo, no se realizaron detenciones de los delincuentes.

C5 de Ciudad de México, ejemplo en transparencia

A diferencia del C5 Escudo Urbano de Jalisco, que no informa a la población sobre el desglose de cámaras activas y cámaras con fallas de manera periódica y pública, el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México tiene publicado en la página de inicio de su portal el Estado de las cámaras, altavoces y botones en cada una de sus alcaldías.

Según la información, el 97% de las cámaras funciona correctamente, y el 99% de los altavoces y botones también.

Este medio de comunicación publicó que hasta el 16 de febrero de 2022 estaban sin funcionar 234 cámaras (más 82 dispositivos lectores de placas) y 44 botones de pánico, por la interrupción de algún servicio, desinstalación, vandalismo, obras y accidentes. En la ficha informativa, el C5 mencionó que la puesta en operación de los equipos descompuestos varía según la seriedad de la reparación.

En total se cuenta con seis mil 392 cámaras de videovigilancia, incluidas las 52 de Lagos de Moreno, por lo que el porcentaje de equipos fuera de operación se ubicaba en alrededor del 4%. Aunque precisó que el número de dispositivos con fallas era fluctuante, no es una cifra pública. Sin embargo, los datos tuvieron que ser solicitados por Transparencia.

Otra diferencia es la oportunidad con la que el C5 de la Ciudad de México alerta a los ciudadanos sobre su eficacia. Por ejemplo, en una revisión hecha a sus publicaciones de los últimos tres días en su cuenta de X, se analizó que comparte con los habitantes información relacionada con detenidos con ayuda del sistema de vigilancia, donde incluso añade videos de las imágenes de los posibles hechos constitutivos de delitos, así como datos del tránsito vehicular, choques, manifestaciones e incidentes meteorológicos, principalmente.

En comparación, en ese periodo, el Escudo Urbano de Jalisco no compartió nada relacionado con detenciones, detalló dos hechos de tránsito y recomendaciones generales sobre cómo utilizar el sistema.

El Informador