El olor intoxica y los vecinos se siguen enfermando por la contaminación del río Santiago, cargado de metales pesados. Esto fue revelado por un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en 2010 y que ocultaron las autoridades del Gobierno de Jalisco durante una década.Desde 2019 se puso en marcha la estrategia “Revivamos el Río Santiago”. Uno de sus propósitos es que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) sancione a las empresas, industrias o granjas contaminantes. Sin embargo, de los mil 266 procedimientos administrativos aplicados en los municipios que integran el Área de Intervención Prioritaria (AIP) del río Santiago, apenas suman 65 sanciones económicas. En 680 procedimientos no se conoce el castigo, pues la Proepa, vía Transparencia, consideró esto como información “reservada”, ya que los casos están activos porque cuentan con recurso de revisión, porque se promovió algún medio de impugnación o se solicitó alguna reconsideración o conmutación de la multa.Mientras tanto, los vecinos piden soluciones a las autoridades de todos los ámbitos de Gobierno. “No hemos visto cambios”, lamentó Alan Carmona, integrante del Colectivo Un Salto de Vida.Según la página visorsantiago.jalisco.gob.mx, de 19 estaciones monitoreadas en el AIP, apenas cinco tienen calidad de agua “media”. En 13 es “mala” y en una “muy mala”.El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graf, respondió que es la primera vez que se aborda la problemática de manera transversal. “Es un problema que viene sucediendo desde hace 50 años… (y) que va a tardar en resolverse”. El funcionario estatal detalló que, con la Procuraduría Estatal, hicieron una priorización de identificación de las empresas para ubicar a las que podían tener riesgos más altos de estar contaminando.La Proepa confirmó que ya clausuró a 51 compañías por contaminar el río Santiago, pero se desconoce el estatus actual.Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que están haciendo trabajos coordinados con el Programa de acciones para el saneamiento del Santiago.Sergio Graf, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de Jalisco, informó que como resultado de las inspecciones realizadas, ya identificaron a 145 empresas que son potenciales contaminadoras del río Santiago.“El Estado no tiene atribuciones para regular las descargas, esas son federales o municipales. En el caso municipal, firmamos (un) convenio con ellos para regular las descargas a drenaje y, por otro lado, estamos asumiendo y haciendo modificaciones en la ley para inspeccionar las unidades económicas de residuos de manejo especial”, dijo.Por ello, visitan a cada empresa en el Área de Intervención Prioritaria (AIP) del río Santiago para que tengan y presenten el Plan de Manejo de Tratamiento de Aguas. “Por sus procesos productivos y su giro están identificadas como potenciales contaminantes. Estamos inspeccionando y, a aquellas que no tienen un sistema de tratamiento, (las) estamos emplazando para que lo presenten”, afirmó.Señaló que no sólo son de la industria, sino también giros económicos que por su actividad generan problemas.“Para hacer los cambios con el sector privado también tiene que haber recursos económicos”, por ello señaló que trabajan con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para solicitar créditos para plantas de tratamiento de aguas.Las recicladoras y fabricantes de maquinaria se encuentran entre las compañías que han sido sancionadas de forma económica por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), se informó a través de Transparencia.Además, se indicó que la Proepa ha clausurado 51 unidades económicas entre el año 2019 y el 6 de septiembre de 2022.La Procuraduría se encarga de realizar visitas de inspección, levantar las constancias correspondientes y realizar análisis para detectar irregularidades que puedan constituir violaciones a las normas ambientales.DESCARGAS INCUMPLEN CON EL MARCO LEGALEn el Área de Intervención Prioritaria (AIP) hay 741 empresas o industrias de los sectores electrónico, químico, plástico, mueblero, alimenticio y agropecuario, entre otros. Al anunciar el plan “Revivamos el Río Santiago”, el Gobierno de Jalisco aceptó que “generan residuos, emisiones y descargas, que en su mayoría no cumplen con el marco legal”.De acuerdo con el estudio de la Proepa, los sectores de cría y explotación de animales, industria alimentaria, elaboración de bebidas destiladas de agave e industria química son los que tienen una mayor posibilidad de generar descargas con aportes contaminantes de importancia.Sergio Graf afirmó que compañías grandes que históricamente fueron señaladas como contaminantes ahora cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), por lo que buscan identificar a las pequeñas que no las tienen.“Lo que pasa es que la normatividad antes no les exigía nada, pero las grandes empresas ahora no son las que contaminan, (hay) muchas pequeñas que tenemos que identificar paulatinamente. No dudo que haya descargas furtivas, pero lo que hemos visitado en empresas que hemos calificado como grandes contaminantes ahora tienen PTARs, pues son internacionales y tienen estándares que las obligan”, dijo.Para que cada empresa que se encuentra en los municipios del Área de Intervención Prioritaria (AIP) de la estrategia “Revivamos el Río Santiago” cuente con un Plan de Manejo de Tratamiento de Aguas, desde la Semadet ya buscan integrar una reforma a la ley para que todos los residuos líquidos de cualquier proceso productivo sean de manejo especial.“Lo que verifica la ley es que la descarga (de agua) cumpla con la norma, lo cual hace la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La Comisión Estatal del Agua (CEA) invierte y apoya a municipios para poner PTARs y el abasto de agua. Nosotros (Semadet) revisamos los residuos de manejo especial. Lo que estamos tratando de hacer es asumir una responsabilidad que nadie tiene en la ley”.Con ello, las unidades económicas tendrían que presentar el plan que diga cómo tratarán el agua y se tiene que asegurar en su descarga.PARA SABERMunicipios que integran el AIPTELÓN DE FONDOTras la llamada “Macrorrecomendación” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en torno al río Santiago, después de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, intoxicado por arsénico al caer a las aguas del contaminado afluente, el organismo señaló que no será la última.En febrero de 2020, y luego de que este medio diera a conocer que la CEDHJ buscaba hacer una nueva “Macrorrecomendación”, el gobernador señaló: “No necesito que la Comisión me haga recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer en el río Santiago, lo estoy haciendo desde el primer día de mi Gobierno”.Ante ello, Katia Rico Espinoza, de la Segunda Visitaduría y jefa del área de Asuntos Ambientales de la Comisión, compartió que son una institución autónoma cuya misión es identificar la omisión o la acción que no ha sido benéfica. Por ejemplo, en el Plan “Revivamos el Río Santiago”, señaló que aunque son buenas acciones, no han impactado de manera positiva a corto plazo; sin embargo, buscan que a mediano y largo plazo se pueda incidir en la toma de decisiones. Recordó que en el caso del río Santiago ya hay varias recomendaciones. “Nos gustaría que fuera la última recomendación del Santiago, pero sabemos que la realidad es otra”.Numeralia56 licencias para descargas de aguas en la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico ha otorgado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en lo que va de la actual administración.29 de estas son de uso industrial y sus concesiones están vigentes por más de 10 años, de acuerdo con datos del Registro Público de Derechos de Agua.LA VOZ DEL EXPERTOJosé Antonio Gómez Reyna, académico de la UdeGPese a los millones de pesos invertidos, la calidad del agua ha mejorado al mínimo o nada, afirmó el investigador, quien señaló que el problema son las descargas, pues las plantas de tratamiento no tienen las consideraciones: volumen y qué se va a tratar.“Ninguna está diseñada para los nuevos parámetros. La nueva ley tampoco está diseñada con más parámetros. Mientras tengan políticas de hacer plantas de tratamiento y drenajes no van a llegar lejos. Si partimos del principal error, que no sabemos el tipo de contaminantes, no podemos diseñar la planta de tratamiento”, destacó.Resaltó que la calidad del agua se debe auditar, pero no por el Gobierno del Estado, que en este caso es juez y parte, sino por organizaciones sociales y continuamente.“En Europa tienen monitoreo de tiempo continuo, donde diferentes partes de las plantas se ponen en estos sistemas y a la hora que están en temperatura o turbiedad mandan una señal automática a una muestra central. Aquí hay dos inspectores para toda la cuenca”, dijo.Resaltó que si no se diseñan adecuadamente, las plantas no sirven de nada. “Tenemos una fiebre de plantas de tratamiento. La solución es tener gente capacitada para diseñar plantas y saber para qué es cada contaminante. Hoy hay nuevos contaminantes que no están ni en las leyes. La mayoría (de las plantas) las hacen biológicas, pero eso es para tipo urbano. Hay que analizar qué tipo de agua tenemos porque es más fácil evitar que tiren contaminantes a que limpien las cuencas”, aseguró.Además, añadió que las leyes mexicanas son hechas a modo, mientras que no se usan leyes internacionales porque muchas plantas industriales no podrían operar. ¿Qué opina de las sanciones contra empresas o industrias que contaminan el río Santiago?Participa en Twitter en el debate del día @informador
