A pesar del compromiso de las autoridades para frenar la corrupción e impunidad que se presenta en el Poder Judicial de Jalisco, en los últimos seis años se han emitido sólo 18 sanciones en contra de jueces y magistrados, de las cuales apenas una concluyó en destitución.

En 2019 se anunció que el gobernador encabezaría las mesas de trabajo a nivel nacional para combatir la corrupción en el Poder Judicial. Prometió que documentaría los casos de la “mafia” que opera en Jalisco, pero no hay avances, sólo reparto de puestos.

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Sobre el Supremo Tribunal de Justicia, entre 2016 y 2021 no se ha emitido ninguna destitución contra magistrados. Sólo se resolvió una amonestación verbal contra una funcionaria.

El caso de Luis Carlos Vega Pámanes, ex presidente del Poder Judicial, ni siquiera está registrado en los procesos internos, debido a que renunció al cargo y su destitución e inhabilitación estuvo a cargo del Congreso estatal.

Hay más rezago. El Supremo Tribunal tiene pendiente la puesta en marcha del Órgano Interno de Control (OIC).

En el mismo lapso, el Consejo de la Judicatura emitió apenas 13 amonestaciones, dos suspensiones, la destitución de un juez y una más fue considerada como falta grave por el Tribunal de Justicia Administrativa. La destitución fue contra Juan Carlos Ramírez Gloria, juez del Tercer Distrito Judicial en Lagos de Moreno, por golpear a un subalterno en 2016.

De 2010 a la fecha se han presentado 54 solicitudes de juicio político ante el Congreso de Jalisco contra magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJEJ) y  del Tribunal de Justicia Administrativa (TJAJ), según datos del Legislativo.

De éstos, los diputados aprobaron incoar 10; es decir, consideraron que hay elementos para iniciar los procedimientos que pueden concluir en la destitución e inhabilitación del cargo del funcionario. Pero de esos, siete fueron contra Luis Carlos Vega Pámanes, ex presidente del Poder Judicial del Estado. En 2018 fue inhabilitado por nueve años, pero antes renunció al Poder Judicial por sus antecedentes penales que le impedían ser juzgador.

Otros dos procedimientos son contra Alberto Barba Gómez, magistrado del TJAJ. La Comisión de Responsabilidades del Congreso afirmó que el funcionario autorizó la edificación de un inmueble en Zapopan, “no permitido por la ley”,  incurriendo en una conducta ilegal; así como la construcción de edificios en lugar prohibido por la ley, en el área de Los Colomos. Aunque el señalado siempre negó cualquier irregularidad.

Ambos dictámenes aprobados por la comisión en 2017 se encuentran detenidos, debido a los amparos promovidos por el magistrado.

El otro juicio político fue contra  Armando García Estrada, presidente de la Cuarta Sala del Tribunal Administrativo, acusado de posibles afectaciones por la autorización de la construcción de un edificio en la Colonia Providencia.

En septiembre pasado, los legisladores aprobaron iniciar el juicio político en contra de éste. Sin embargo, García Estrada  también desmiente todo tipo de señalamientos.

En octubre pasado, a tan sólo días de concluir su periodo como diputada, María  López Chávez  presentó una iniciativa de reforma al procedimiento del juicio político en el Congreso, con la cual se busca que éstos no obedezcan a la voluntad política de los grupos parlamentarios.

“Se vuelve necesario repensar su diseño y la estructura normativa, con el objetivo de acercarlo a los fines para los que fue creado en el Congreso de Jalisco. El objetivo debe ser proteger al Estado de los malos funcionarios y conservar la confianza pública depositada en ellos. La actual ley es anticuada”, según documentó este medio.

En lo que va de este año se han presentado tres solicitudes de juicio político contra magistrados del Poder Judicial, incluido su presidente, Daniel Espinoza Licón. Todas se encuentran pendientes de revisión.

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CLAVES

• Sistema: El pasado 10 de noviembre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el sistema de evaluación de control y confianza (toxicológico, médico y el polígrafo), implementado en Jalisco para los juzgadores que integran el Poder Judicial, transgrede los principios de independencia y estabilidad judicial.
• Constitución: “Al analizar el caso, consideró que la Constitución Federal ordena a las Entidades federativas que garanticen la independencia de los magistrados y jueces, mediante el establecimiento en sus constituciones locales y leyes orgánicas, de condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales estatales”, se precisa en el comunicado.
• Independencia: Se ordenó que los juzgadores sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que fijen las constituciones y las leyes de responsabilidad de los servidores públicos. “Lo que significa que los Congresos de las  Entidades federativas tienen como imperativo respetar la independencia judicial y, en ella, la estabilidad de los juzgadores, lo que no se observa con el sistema de evaluación de control y confianza previsto en la legislación del Estado de Jalisco”.
• Reglas: Lo anterior, se precisa, porque hace depender la estabilidad en el cargo del resultado de evaluaciones que no corresponden a reglas de responsabilidad administrativa, único supuesto en el que un juez puede ser separado de la función.
• Evaluación: En el documento se resalta que el Tribunal Constitucional ha precisado que las evaluaciones de control y confianza pueden ser aplicables a los servidores públicos de corporaciones o instituciones de seguridad pública. “Además de que existe un sistema normativo federal y local sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos y del Sistema Anticorrupción, desde luego, aplicable a los juzgadores, quienes deberán ser evaluados por su desempeño, fundamentalmente”.
• Reforma: El sistema de evaluación de control de confianza fue considerado en la reforma al Poder Judicial aprobada en 2019 por el Congreso de Jalisco. Sin embargo, los juzgadores locales recurrieron al amparo.

IPEJAL

Pensiones millonarias 

• En la lista de las 20 jubilaciones más altas que otorga el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), figuran al menos 12  ex magistrados.
• Los ex funcionarios del Poder Judicial forman parte de la polémica por las denominadas “pensiones doradas”.
• La pensión más alta es por los   207 mil 156 pesos y se paga al ex magistrado Eleuterio Valencia Carranza.

EJEMPLOS

Activo, el proceso contra juez de Puerto Vallarta

• En agosto del año pasado, se informó que Jorge Luis Solís  Aranda fue separado como juez del Octavo Distrito Judicial en Puerto Vallarta. Pese a esto, el procedimiento administrativo que se abrió en contra del servidor público continúa activo, según respondió por Transparencia el Consejo de la Judicatura de Jalisco.
• Solís  Aranda causó polémica luego  que se diera a conocer que se negó a vincular a proceso por corrupción de menores a Luis Alonso “N”, director de Recursos Humanos de la Policía municipal de Puerto Vallarta.
• Ese mismo mes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que congeló las cuentas bancarias tanto del juez como del funcionario público de la corporación.
• En mayo de este año, se registró el expediente 30/2021-B para analizar el actuar del juez, el cual se encuentra en trámite.
• Previo a esta investigación, en 2019, el Consejo de la Judicatura dio cuenta de otros dos procedimientos de responsabilidad administrativa en contra del juez. En el 72/2019, se precisa que se investigaron presuntas irregularidades detectadas, “consistentes en la falta de firma de la presunta responsable en su carácter de titular de dicho juzgado en el momento de las actuaciones denunciadas”.
• En el expediente 34/2019-C se señala la revisión de los “atrasos existentes en la sustanciación de los procedimientos ventilados en el mencionado juzgado, así como el cúmulo de promociones sin proveer”.  Ésta se desechó por caducidad.
• Por Transparencia, la Dirección de Visitaduría y Responsabilidades Administrativas de la Judicatura aclara que estos dos últimos fueron concluidos. En el documento se precisa:  “De los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa detectados a los que se encuentra sujeto el servidor público, no existe en los registros de esta dirección alguna sanción impuesta hasta el momento, debido a que no han causa estado y se encuentran en proceso”.

Omiten órgano para sancionar

Aunque desde hace dos años los organismos locales recomendaron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado cumplir con la conformación del Órgano Interno de Control (OIC), con el que deben contar todas las dependencias como parte del entramado para combatir la corrupción, aún no se concreta.

El caso del magistrado José de Jesús Covarrubias, acusado de presunto abuso de una menor, evidencia la necesidad de su puesta en marcha, consideró Jesús Ibarra Cárdenas, presidente del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Ibarra Cárdenas comentó que el OIC debe tener facultades para hacer el seguimiento de la evolución patrimonial y de la probidad de los juzgadores. Indicó que trabajan con el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, en una propuesta para la operación del organismo.

“El problema está claro, este caso muestra la urgencia de que los magistrados del Supremo Tribunal tengan ese mecanismo para rendir cuentas. Es el momento indicado para reconocer el problema y lo antes posible integrar un Órgano Interno de Control como lo marca la normativa actual”.

Añadió que el caso del magistrado también muestra la urgencia de que exista la Ley estatal de Designaciones Públicas, que obligue a evaluar los antecedentes de los perfiles que se impulsan para ocupar los cargos públicos y que se valore la integridad, la ética y la preparación, por encima de las simpatías políticas o del reparto de las cuotas entre los partidos.

Opacidad

De acuerdo con el estudio “Información desde y para los Poderes Judiciales”, elaborado por la organización México Evalúa, el Consejo de la Judicatura de Jalisco es el ente más opaco del Poder Judicial en el país.

En el documento se destaca que el promedio nacional de cumplimiento de las obligaciones informativas en la Plataforma Nacional de Transparencia es de 2.45. “Destaca el caso del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco, que incumple de manera casi sistemática con sus obligaciones, quizás por considerar que el Supremo Tribunal de Justicia cumple para ambos. Pero esta visión es errónea, porque sí existen los dos sujetos obligados”.

Alcanzó una puntuación de apenas 0.14 de cumplimiento, ubicándose en último lugar a nivel nacional.

El Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco obtuvo una calificación de 2.38, por debajo de la media nacional.

En el documento se resalta que en la medida en que la sociedad tenga más información de los Poderes Judiciales,  podrá evaluar el desempeño,  en particular,  el de sus juzgadores.

“Ante el déficit de confianza ciudadana que enfrentan estas instituciones y el desconocimiento de la mayoría de los ciudadanos sobre la naturaleza de sus funciones, el hecho de que publiquen más información sobre su quehacer puede contribuir a mejorar su legitimidad”.

Se  señala que si bien los 32 Poderes Judiciales de las Entidades federativas y el Poder Judicial Federal han generado toda una estructura organizacional para cumplir con el requisito de acatar sus diferentes obligaciones legales en materia de  transparencia, así como para recibir,  turnar  y  responder en tiempo las solicitudes de información de la ciudadanía, “un análisis detallado de la información que publican abre muchas interrogantes y revela que aún queda mucho trabajo por realizar”.

Entre las deficiencias detectadas en los portales de transparencia del Poder Judicial, por ejemplo, se reporta que hay preocupantes casos de simulación, “donde se plantea que se publica cierto tipo de información,  pero en realidad se remite a disposiciones generales, donde la información es abstracta y no corresponde precisamente con lo que debería publicarse. En estos casos,  simplemente no se presenta la información, aunque así se afirme”.

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MQ

El Informador