La Fiscalía Estatal Anticorrupción ha logrado la inhabilitación de al menos 11 funcionarios, derivado de las sanciones logradas tras las indagatorias de los casos a los cuales se les vinculaba, incluyendo a Lorena “N”, exdirectora financiera del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Lo anterior forma parte de lo establecido en el Código Penal del Estado de Jalisco, que señala que la Fiscalía Anticorrupción debe estar a cargo del Registro Estatal de Inhabilitaciones a partir de sentencias penales correspondientes. Del total, cuatro de las personas formaban parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco; las otras seis corresponden a casos de funcionarios del SIAPA, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, del Ayuntamiento de Guadalajara, la Secretaría de Salud y del Instituto de Justicia Alternativa. Entre estas personas se encuentra Antonio Cruces Mada, a quien se le inhabilitó por tres años, por el delito de ejercicio indebido y abandono del servicio público, albergado en la carpeta de investigación número 856/2019, y por lo cual se le dio además una pena de nueve años en prisión, que se estarían cumpliendo en 2031. La persona con el mayor lapso de inhabilitación es José Félix Saldívar Padilla, a quien se le señala en la carpeta de investigación 265/2020 por el delito de enriquecimiento Ilícito. Él estará inhabilitado por un total de 26 años y ocho meses. Aunque se le dio una sentencia de un año y nueve meses con 10 días en prisión, en la audiencia en la que se le sentenció Félix pagó 4.7 millones de pesos para conmutar la pena, por lo cual se encuentra en libertad.Hasta el pasado 11 de diciembre, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró la recaudación de cerca de 22 millones de pesos por concepto de acuerdos reparatorios de daño para una suspensión condicional del proceso, desde que inició operaciones en febrero de 2018. El total de los recursos recabados ha sido destinado tanto para las víctimas, particulares y dependencias estatales afectadas por la actuación de los funcionarios públicos, pero también han servido como donativos a instituciones de beneficencia por concepto de reparación del daño a la sociedad. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, hay casos en los que la o el particular quien resulta afectado solo quiere llevar a los infractores ante el juez en busca de justicia, pero en esos casos se busca que la reparación del daño se constituya en donativos que son hechos llegar a asociaciones civiles, como Nariz Roja o Cruz Roja, “para que el servidor o servidora pública sepa que tiene un costo obrar de una manera inadecuada”.El jueves la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cumplió seis años en operaciones, luego de que el 15 de febrero de 2018 Gerardo de la Cruz Tovar rindiera protesta como titular del organismo, y desde entonces al menos 14 funcionarios han pisado la cárcel. Como parte de los alcances de esta fiscalía, desde el inicio de operaciones del organismo se ha logrado también la vinculación a proceso de 259 funcionarios, además de por lo menos 10 particulares y siete personas jurídicas.El jueves fue detenido en Tijuana Alberto Lamas, quien fuera el jefe de gabinete durante el Gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval; al parecer partió de Guadalajara hacia aquella Entidad. Hasta el momento se desconoce el delito por el cual se le detuvo, sin embargo, de manera extraoficial se supo que se le señala en una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en 2019, por el desvío de 150 millones de pesos que estaban destinados a la Comisión Estatal del Agua (CEA), y los cuales habrían sido enviados a “otras partidas”. A Alberto Lamas se le ordenó su traslado al Estado de Jalisco, donde deberá ser presentado ante el juez que lo requiere. Existen declaraciones extraoficiales que han detallado que Alberto Lamas habría participado también en el desvío de recursos para saldar deudas que se tenían con diversos medios de comunicación. La Fiscalía Anticorrupción no ha emitido algún posicionamiento al respecto de la aprehensión del exfuncionario, dependencia que deberá presentar ante el juez los elementos de prueba que tiene para que éste determine si lo vincula o no a proceso por el delito que se le señale. El pasado jueves la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción informó sobre la sentencia otorgada a Lucía Lorena “N”, exdirectora financiera del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Indicó que la exfuncionaria fue sentenciada a 16 meses de prisión e inhabilitada por seis años y ocho meses para ejercer cargos en el servicio público, al ser declarada culpable por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.En audiencia de procedimiento abreviado celebrada en Puente Grande, el Juez Octavo de Control y Oralidad, Javier García Muñoz, determinó además imponer una multa de mil 612 pesos, así como “un pago de mil 500 pesos como reparación del daño a la sociedad”, que aportará en favor del Hospital Civil de Guadalajara, dijo la dependencia a través de un comunicado. Explicó, la exfuncionaria del SIAPA fue sentenciada por hechos que ocurrieron en enero del 2018, cuando autorizó y liberó el pago para la contratación de una empresa telefónica que concursó para establecer un centro telefónico de atención al cliente, aunque las propuestas técnicas presentadas no cubrían los requisitos mínimos marcados en ley, entre otras irregularidades. En 2019, el SIAPA presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, y el 16 de julio de 2021, Lucía Lorena “N”, junto con Alejandro “N”, exencargado del Despacho de la Dirección General del SIAPA y José Eduardo “N”, exsubdirector de Tecnologías de la Información (quienes firmaron indebidamente el contrato), fueron vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por otorgar “permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico” de manera ilícita, según lo establece el Código Penal del Estado de Jalisco. “Por este caso, José Eduardo “N” se mantiene en prisión preventiva justificada y, derivado de las investigaciones que realizó esta Fiscalía Especializada, el 23 de diciembre de 2020 la empresa de servicios telefónicos reconoció que había recibido un pago por un servicio que no prestó y celebró un convenio con el SIAPA para pagar la cantidad de cinco millones 602 mil 800 pesos más los intereses generados durante casi un año”, recordó también la dependencia.TELÓN DE FONDOLos policías viales son las autoridades que los jaliscienses perciben como las más corruptas, de acuerdo con estadísticas de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi. En este sentido, el pasado 11 de diciembre, este medio de comunicación informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Jalisco tenía hasta entonces abiertas un total de 177 investigaciones contra el mismo número de policías por posibles actos de corrupción, considerando delitos como abuso de autoridad y cohecho. Hasta entonces, de ese total, sólo 14 habían logrado ser vinculados a proceso “por contar con las pruebas suficientes que apuntaban al acto de corrupción consumado”. De estas 14 vinculaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha logrado “recuperar” un total de 92 mil pesos, correspondientes a acciones de reparación del daño a las víctimas, recursos que han sido pagados tanto a las personas afectadas como destinados a asociaciones civiles. Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción instó a la ciudadanía que, en caso de ser víctimas de algún delito de corrupción por parte de policías viales, como por ejemplo la solicitud de dinero también conocida como “mordida”, las personas denuncien de inmediato a este organismo, brindando información del día, la hora y la zona donde ocurrió el hecho, así como generales de la patrulla o vehículo del o la oficial que lo cometió presuntamente, con el objetivo de que se lleve a cabo la investigación correspondiente, se dé con la persona policía implicada, se le castigue y se logre la reparación del daño.
