Entre enero de 2019 y agosto pasado, la Fiscalía de Jalisco envió 338 mil 864 carpetas de investigación al archivo temporal: al día se dio carpetazo a 348 denuncias de la ciudadanía que fue víctima de diversos delitos, según información otorgada vía Transparencia.De acuerdo con el estudio Hallazgos 2020, de la organización México Evalúa, en la Entidad se resuelven sólo 5.5% de los casos que se denuncian.Jorge Tejada, académico del ITESO, explica que el aumento de las denuncias archivadas puede obedecer al rezago heredado por la pasada administración, a la corrección del subregistro de las investigaciones y al crecimiento de las denuncias. Recuerda que en los últimos años subió la incidencia delictiva de los homicidios, los feminicidios, el narcomenudeo y los delitos del orden federal, “lo patrimonial más o menos se ha mantenido”.En los resultados de Hallazgos 2020 se destaca que Jalisco se encuentra por arriba de la media nacional y ocupa el primer lugar en el número de carpetas de investigación que son enviadas al archivo temporal (94.4%).“Si bien el archivo temporal es una determinación regulada y establecida por la Comisión Nacional de Procedimientos Penales, esa altísima proporción invita a reflexionar si los casos en que es usado efectivamente son aquellos en los que: no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación, que permitan realizar diligencias tendientes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación”, se puntualiza en el estudio.En 2018, la organización señalaba que las procuradurías y fiscalías estatales han logrado disminuir el número de investigaciones gracias al archivo temporal, “una medida que no resuelve de fondo los casos y que simula la efectividad en el sistema penal acusatorio”.Anuar García, presidente de la organización México SOS en el Capítulo Jalisco, señala que actualmente las investigaciones se quedan atoradas en una agencia de asuntos no judicializables que tiene la Fiscalía, a donde se destinan las denuncias que acuden a presentar los ciudadanos, pero que difícilmente se abren carpetas de investigación. En los últimos tres años, el Ministerio Público envió 75 mil 783 carpetas de investigación al área de Métodos Alternos de Solución de Conflictos (MASC). De éstos, 28 mil 576 ya se resolvieron, según información otorgada vía Transparencia por la Fiscalía de Jalisco.Lo anterior significa que casi cuatro de cada 10 casos que fueron enviados entre los años 2019 y 2021 (con corte a agosto) a estas áreas ministeriales, concluyeron con algún tipo de acuerdo.Jorge Tejada, académico del ITESO, informa que la resolución de estos casos tarda de tres semanas hasta los tres meses. “Se van hasta tres meses cuando se requieren dos o hasta tres sesiones para llegar a un acuerdo”. Comenta que los casos en los que los interesados no lograron un convenio, “la ley de justicia alternativa, la local y la nacional, dice que si no llegan a un acuerdo, el Ministerio Público deberá continuar con la investigación para ver si puede probar o no un delito”.Aclara que posteriormente el Ministerio Público puede enviar de nuevo un caso a la mediación si estima que hay condiciones y porque los interesados lo solicitan.Si hay retrasos en la resolución de estos casos, podría obedecer a la carga laboral; es decir, que en lugar de tres semanas, la primera cita se agende en dos meses.El promedio de espera, dice, podría haberse modificado ante el aumento de los conflictos penales enviados a la mediación.Esto, debido a que el número de carpetas de investigación turnadas a estas áreas se ha incrementado en los últimos años, presentando sólo una caída durante el año pasado debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, ante el confinamiento.De acuerdo con la información de la Fiscalía, en 2016 se enviaron cinco mil 471 carpetas de investigación a los MASC y en 2019 aumentó a 32 mil 822. El año pasado cerró en 22 mil 552.“Lo que nos dicen estas cifras es que la Fiscalía está apostando más a la mediación como una respuesta ante el rezago que tienen ellos como Fiscalía y como Ministerio Público. Nos habla de un problema y una solución”.Puntualiza que la Fiscalía no debería “ser el sutil mediador en los conflictos”, pues este trabajo debe realizarlo el Instituto de Justicia Alternativa. El problema es que las oficinas están en la Fiscalía, pero no forman parte del Ministerio Público. “No es lo ideal, pero es lo que se hizo en la pasada administración, tenían un temor absurdo de ceder poder si todo era gestionado por el Instituto de Justicia Alternativa, que es lo que debiera ser. Devolver todas las funciones de mediación a quien sabe qué es el Instituto de Justicia Alternativa”.“Se quedan en el olvido”La Fiscalía del Estado tiene una agencia de asuntos no judicializables a donde se destinan las denuncias que acuden a presentar los ciudadanos. De las que se destinan a esta área, difícilmente se abren carpetas de investigación, denuncia el presidente de México SOS en el Capítulo Jalisco, Anuar García.“Llegan y se quedan en el olvido. Existe una gran cantidad de denuncias que llegan a esta agencia con la finalidad de no moverlas, de no investigar, de decir ellos de entrada que no hay delitos”. Por ello considera que la disminución de la comisión de los delitos “es realmente aparente porque muchos asuntos quedan en esta agencia”.Acentúa que el filtro se aplica en la Oficialía de Partes. “No existe motivo alguno para que esta agencia exista ni para que este filtro exista. Ahí se quedan una gran cantidad de las investigaciones”.En enero pasado, el Gobierno estatal informó que los delitos patrimoniales se redujeron 40% en los primeros dos años de la actual administración. Se presentó una baja en los robos de vehículo particular, a personas, a cuentahabientes, a casas habitación y bancos, entre otros.El problema es que la cifra negra también aumentó; es decir, los delitos que se cometen, pero no se denuncian. Mientras en 2019 fue de 91.2%, el año pasado aumentó a 92.9%, según datos del estudio Hallazgos de México Evalúa.EL DATOBaja efectividadJorge Tejada, académico del ITESO, recuerda que la antepasada administración cerró con un índice de efectividad del 25%; es decir, una de cada cuatro averiguaciones previas era consignada ante un juez.Al cierre del sexenio pasado cayó al 5% y es en los niveles que se mantiene en la actual gestión estatal.MANIPULACIÓN DE DATOSDesde antes de la pandemia se presentaba una disminución en el número de las sentencias definitivas emitidas en materia penal en el Estado, pero Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial, declaró que el confinamiento generó un rezago mayor.Recordó que desde marzo del año pasado se cerraron de forma intermitente los juzgados, salas y áreas administrativas, pero se implementó un protocolo para tratar de atender los asuntos de manera más ágil.Reconoció que esto provocó que durante el año pasado, en materia penal, se presentara un retraso importante en la aplicación de las sentencias definitivas.“¿Por qué en materia penal se tardaron más que en otras materias? Porque en las otras materias hacen tu sentencia leyendo el expediente, dictan o escriben en la computadora y sacan la sentencia, pero en materia penal, en el modelo acusatorio, es citar a todas las partes, a todos los testigos”.Espinosa Licón puntualizó que en un juicio corto declaran alrededor de 10 personas. A su vez, tienen que estar presentes tres jueces, el personal de la Policía procesal que custodia a los detenidos, el asesor jurídico, el Ministerio Público y sus auxiliares. “Es un mundo de gente que tienes que acarrear para un juicio, es complejo. Y eso lamentablemente nos trajo un retraso de aproximadamente 200 juicios. Hoy se está trabajando a marchas forzadas”.Otro problema es que tienen 24 jueces en el Primer Distrito, los cuales trabajan en sólo 12 salas porque no ha sido posible reparar otras dos que tuvieron daños en el equipo de grabación. “Los jueces se tienen que estar turnando para usar las salas”.Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal:MediaciónEs el mecanismo voluntario mediante el cual los “intervinientes”, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta.El “facilitador”, durante la mediación, propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los “intervinientes”.ConciliaciónEs el mecanismo voluntario mediante el cual los “intervinientes”, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados. Además de propiciar la comunicación entre los “intervinientes”, el “facilitador” podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de solución diversas.Junta restaurativaEs el mecanismo mediante el cual la víctima o el ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y las responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social.La reparación del daño derivada de la junta restaurativa podrá comprender lo siguiente:El reconocimiento de responsabilidad y la formulación de una disculpa a la víctima u ofendido en un acto público o privado, de conformidad con el acuerdo alcanzado por los “intervinientes”, por virtud del cual el imputado acepta que su conducta causó un daño.El compromiso de no repetición de la conducta originadora de la controversia y el establecimiento de condiciones para darle efectividad, tales como inscribirse y concluir programas o actividades de cualquier naturaleza que contribuyan a la no repetición de la conducta o aquellos programas específicos para el tratamiento de adicciones. También un plan de restitución que pueda ser económico o en especie, reparando o reemplazando algún bien, la realización u omisión de una determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad o de cualquier otra forma lícita solicitada por la víctima, acordadas entre los “intervinientes” en el curso de la sesión.REGISTO NACIONALDelitos del fuero comúnLos rezagosHace cinco años entraron en vigor en México las reformas al Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero su consolidación aún es prematura y se vio afectada por la contingencia sanitaria y el aumento en la incidencia delictiva, principalmente los homicidios y la violencia contra las mujeres, según México Evalúa.Aunque algunos Estados han realizado esfuerzos, Morelos y Zacatecas muestran un estancamiento, incluso han cancelado las instancias creadas para este efecto.A nivel federal sólo hay 9.7 peritos por cada 100 mil habitantes, lo que obliga que cada uno atienda más de 400 casos y sólo concluya 4% de éstos. Un común denominador es que existe una ausencia de políticas que integren elementos de seguridad con la procuración de justicia, lo que se traduce en que 78% de las Entidades no realicen una planeación que busque articular los roles de las distintas instancias del sistema de justicia y en más del 60% no existen las planeaciones para cumplir los objetivos.Impunidad, entre los principales problemasArturo González fue víctima de la delincuencia. En la Colonia Monraz le robaron su vehículo de marca Nissan. Aunque interpuso una denuncia penal, el auto jamás apareció. Lamentablemente el vehículo no estaba asegurado, por lo que no recibió ninguna compensación por el delito.Como ese caso, en Jalisco quedan sin castigo 94.5 de cada 100 delitos y el nivel de efectividad del Sistema de Justicia Penal sólo alcanza para sancionar 5.5 de los casos, de acuerdo con el estudio Hallazgos 2020, elaborado por México Evalúa. Según el diagnóstico, ubican al Estado en el décimo quinto lugar nacional en materia de impunidad.Para hacer un comparativo con 2019, se reportó una ligera reducción: el indicador fue de 96.2 por ciento.Otro problema es que se incrementó la cifra negra de ilícitos en Jalisco: entre 2019 y 2020 pasó de 91.2% a 92.9 por ciento.En el ranking de seguimiento y evaluación, el Estado quedó en décimo tercer lugar, con 517 puntos de mil considerados como meta. Y se evidencia la disminución de presupuesto para el sistema.“La asignación presupuestal está siguiendo una lógica inercial y que no responde a una racionalidad sobre dónde están las necesidades. Hay Entidades con claras reducciones de presupuesto asignado, como Jalisco, Guerrero o Baja California, que bajaron el gasto entre 60% y 50%. ¿Cómo podemos estar hablando de que un sistema de justicia logre su operación si muchas instancias batallan incluso para pagar la nómina?”, subraya Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa.Sobre la desaparición de personas, el análisis refiere el primer lugar de Jalisco en fosas clandestinas.En cuanto a la implementación del servicio profesional de carrera, el Estado ocupa el lugar 27 nacional, con ocho de 16 puntos. Las estadísticas muestran la falta de peritos. En la Entidad hay 7.3 por cada 100 mil habitantes y la media nacional es de 9.7.Por otra parte, se documenta un rezago en el número de jueces: solamente hay 3.5 por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio nacional es de 4.5.Por el confinamiento ante la pandemia del nuevo coronavirus, los delitos bajaron en México el año pasado, según la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad del Inegi.En 2020 se estiman 21.2 millones de víctimas, que representan una tasa de 23 mil 520 víctimas por cada 100 mil habitantes, inferior al 2019, cuando la tasa fue de 24 mil 849.La mala noticia es que la cifra negra, que son los delitos no denunciados, fue del 93.3%, que representa un incremento.Los principales motivos que llevan a la población a no denunciar son porque considera que la denuncia es una pérdida de tiempo y desconfía de la autoridad.El secuestro, la extorsión, el fraude, el robo parcial de vehículos y el robo o el asalto en las calles son los delitos menos denunciados ante el Ministerio Público.El año pasado, el costo total a consecuencia de la inseguridad en los hogares representó 277 mil millones de pesos. Lo anterior equivale a un promedio de siete mil 155 pesos por persona afectada, una cifra mayor al 2019.Las víctimas de robo total de vehículo tuvieron una pérdida promedio de 30 mil 673 pesos; mientras que las personas defraudadas perdieron ocho mil 817 pesos en promedio. El daño por la extorsión fue de siete mil 289 pesos por cada delito consumado.La Ciudad de México es la Entidad con más víctimas o más peligrosa, el segundo lugar es el Estado de México, el tercer sitio es Tabasco y sorprende en el cuarto lugar Aguascalientes.Por el contrario, las Entidades con más paz o menos víctimas del delito son Chiapas y Yucatán, pero sorprendentemente aparecen Michoacán y Tamaulipas con tasas bajas, cuando son de los Estados con una alta incidencia delictiva y con noticias frecuentes de ejecuciones y matanzas.MÉXICOAfectaciónSigue #debateinformador, participa en Twitter en el debate del día @informador¿Qué opina del trabajo de jueces y agentes del Ministerio Público?MQ
