De los 37 mil 585 alumnos inscritos a nivel nacional en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, impulsadas por el Gobierno federal, apenas 182 estudian en Jalisco.El fin del programa es contribuir al bienestar social mediante la operación de las universidades en municipios de alta marginación, en donde se brindan servicios de educación superior “gratuitos y de calidad”. No se hacen exámenes de admisión, sino una valoración diagnóstica de los aspirantes, quienes luego reciben una beca de dos mil 450 pesos al mes.Sin embargo, en Jalisco se remarca el rezago: hay tres sedes con una carrera cada una. En Ayotlán se imparte la Licenciatura de Ingeniería en Procesos Agroalimentarios, en Tecolotlán cursan Ingeniería Ambiental para la Sustentabilidad y en Tomatlán está Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable.En 2019 estaban registrados 123 estudiantes, por lo que la matrícula sólo creció 59 alumnos en ese lapso. Además, hay otros municipios con mayores índices de pobreza, como Mezquitic o Bolaños, pero el programa aún no se amplía.Jalisco, Colima y Nuevo León tienen el número más bajo de beneficiarios.La baja cobertura que tienen las Universidades del Bienestar ha provocado que Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, critique el recorte que han tenido las universidades públicas. “Son 14 mil millones de pesos que le han quitado a las universidades del país, nada más en la bolsa extraordinaria (con la reducción y la desaparición de fondos federales)”. Por eso cuestiona que no se incrementen las bolsas extraordinarias que en sexenios pasados recibía la casa de estudios para aumentar la matrícula en las universidades que tienen sus sedes consolidadas y con los mejores resultados.En el inicio de la presente administración federal, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se propuso la meta de que el programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez alcanzaría los 300 mil alumnos, pero se incumple sistemáticamente en los objetivos anuales. También hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por la operación de los planteles.En mayo de 2019, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó que la meta del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez era incorporar hasta 96 mil estudiantes en el primer año, y alcanzar los 300 mil alumnos a lo largo del actual sexenio en el 2024. Sin embargo, hasta el ciclo escolar que comenzó en agosto de 2021 se tenían solamente 37 mil 585 alumnos inscritos.La Secretaría destacó que el principal objetivo de estas universidades es contribuir al bienestar social y la igualdad en municipios de alta y muy alta marginación para brindar servicios de educación superior gratuitos y de calidad a jóvenes con bachillerato terminado, que no tienen posibilidades de ingresar a las instituciones existentes.Para ingresar a estas universidades, los aspirantes no realizan examen de admisión, sólo cumplen con una valoración diagnóstica. Los jóvenes que son aceptados reciben posteriormente una beca de dos mil 450 pesos mensuales.De acuerdo con la Cuenta Pública 2021 del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, durante el año pasado se presentaron dificultades con la autorización y las adecuaciones presupuestales, “debido a los lineamientos y a la Ley de Austeridad Republicana”.A principios de este año, se reiteró la solicitud para la autorización de la ampliación de la estructura orgánica, la cual contaba con 24 plazas autorizadas, de las cuales sólo cinco corresponden al área administrativa. “Desafortunadamente la estructura se mantuvo intacta, permaneciendo la autorizada en 2019, por lo que el organismo se encuentra limitado en algunas acciones debido, principalmente, a la falta de personal”.Pese a esto, desde ese año se aplicó la elaboración de los planes de estudios completos para todas las carreras, procedimientos académicos básicos para la selección e integración de personal académico, entre otros.EL DATO TELÓN DE FONDOA principios de 2020, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez ubicadas en Jalisco (Ayotlán, Tomatlán y Tecolotlán), no contaban con sedes propias. Los inmuebles aún no eran construidos.Los alumnos, que en esas fechas cursaban ya el segundo semestre, tomaban clases en sitios prestados por los ayuntamientos, como casas de la cultura y planteles de otras escuelas.“La obra civil tiene, máximo, un mes que inició. A pesar de que se supone que debían gastar el dinero asignado antes del 31 de diciembre”, informó Ricardo Ramírez, presidente municipal de Tecolotlán en ese año. A ese ayuntamiento le pidieron obras complementarias: drenaje, agua potable y estudios de suelo, los cuales ya se realizaron. Para que alrededor de 40 alumnos tomaran clases allí, el municipio prestó las instalaciones de la casa de la cultura, así como el equipamiento necesario. Y para contratar a quienes realizaban la obra se designaron dos comités conformados por padres de familia y alumnos.En Tomatlán la situación era la misma: las materias se impartían en una secundaria. El alcalde Jorge Luis Tello explicó que el ayuntamiento donó el terreno y prestó el lugar para habilitar clases mientras quedaba lista la universidad.“Eran muchos (alumnos), pero han ido desertando porque vieron que no había edificio”, indicó.Según el Diario Oficial de la Federación, “cada sede contará con, máximo, dos edificaciones capaces de albergar a mil 280 estudiantes en total”.De acuerdo con un diagnóstico realizado al Programa de las Universidades para el Bienestar, al inicio de la actual administración federal el país enfrentaba un problema grave de exclusión educativa en el nivel superior en todos los niveles en 2019. “La discrepancia entre las cifras de número de solicitudes y número de los casos supera el cuarenta por ciento y, en el caso extremo, de ochenta y ocho por ciento”, se informó.Según una revisión realizada a las estadísticas educativas del ciclo escolar 2019-2020, en el país sólo ingresan la mitad de los que aspiran a realizar estudios universitarios, en promedio. La mitad o más de quienes solicitan ingresar a la educación superior no logra su propósito en instituciones públicas y privadas.Se señala que también se presenta una discrepancia significativa entre los lugares ofertados; es decir, los espacios disponibles en determinadas carreras y los lugares ocupados. En promedio, el 21% de los espacios queda vacante cada año.“Esta situación nos permite precisar los alcances, profundidad y gravedad de la exclusión educativa en el tipo superior: instituciones públicas refieren que se encuentran saturadas y no pueden incluir más estudiantes”.En el caso de Jalisco, en ese ciclo escolar se recibieron 72 mil 069 solicitudes de nuevo ingreso, pero sólo 27 mil 526 obtuvieron un espacio en algunas de las universidades públicas y privadas de la Entidad, en términos generales.La multiplicación de las personas excluidas, agregan, dan cuenta que las metodologías utilizadas para aumentar la cobertura han sido insuficientes y, en gran medida, fallidas. “Las mayores instituciones públicas de educación superior desescalaron el crecimiento de la matrícula a partir del año 2000”.Esa fecha, puntualizan, coincide con el crecimiento de la educación superior privada. “Las autoridades educativas del país facilitaron con gran ligereza la creación de instituciones privadas dotadas del privilegio de emitir certificados y títulos profesionales basados en sistemas de educación en línea, abierta y a distancia, de costos cada vez más altos y una mercadotecnia más ambiciosa”.Debido a esto, el Gobierno federal puso en marcha este programa educativo, que proyecta alcanzar una matrícula de 300 mil estudiantes al término del sexenio, aunque actualmente está muy por debajo de esa cifra. AUDITORÍA SUPERIORSigue #DebateInformador¿Qué opina del programa federal?Participa en Twitter en el debate del día @informador
